Guillermo Luévano Bustamante
Pese a que dos encuestas recientes realizadas de forma separada por Mitofsky y Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) ubican al doctor Juan Manuel Carreras López como uno de los gobernadores con mejor evaluación en el país, se ha vuelto frecuente el reporte periodístico sobre el crecimiento de la inseguridad en San Luis Potosí.
La sensación de la ciudadanía sobre el alza en la criminalidad no es sólo un asunto de deficiencias en la comunicación social u organizacional del gobierno estatal, estadísticamente se demuestra que hay un nuevo repunte en la presencia delincuencial en la entidad.
Apenas en agosto pasado la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que 73 por ciento de la población en la ciudad de San Luis Potosí considera que es inseguro vivir aquí.
La percepción suele ser menospreciada en ciertos análisis de políticas públicas, de cumplimiento de derechos humanos, de medición sobre desarrollo humano, pero habla del nivel de eficiencia, no de la comunicación estratégica, sino del grado de satisfacción de la población destinataria de dichos derechos o usuaria de servicios públicos.
Ahora que se avecina el informe de gobierno del doctor Carreras es previsible que se presenten, como es habitual, cifras alegres sobre el “crecimiento, progreso y desarrollo” de San Luis Potosí, pero mucho tendrá que hacer la administración actual para remediar la insatisfacción ciudadana sobre la contención de los delitos, especialmente aquellos de mayor gravedad y lesividad.
Ayer la prensa local reportó al menos tres episodios lamentables de agresiones que por separado implicaron víctimas de disparos de arma de fuego en distintas zonas de la ciudad.
Es, por supuesto, una obligación compartida del gobierno estatal con el ayuntamiento capitalino, la preservación de la paz pública en la ciudad, pero la distribución de competencias no debe servir de pretexto para que uno y otro nivel de la administración pública se desentiendan de sus atribuciones legales.
De poco sirve la implementación de mejores prácticas en el discurso, la incorporación de nuevas figuras en la legislación, la capacitación y actualización del personal operativo, si no se genera confianza y seguridad en la población.
La eficacia de las medidas e instrumentación de mecanismos para atender y evitar la delincuencia organizada también se mide en la percepción ciudadana, que refleja la capacidad para asegurar niveles adecuados de satisfacción con las autoridades, con las medidas que emprenden y la observancia que hacen de las normas que les rigen.
Esa percepción es por tanto un indicador no sólo del mal o buen cumplimiento de las obligaciones de las autoridades, sino incluso del grado de legitimidad con el que operan. Y tanto la administración estatal como la municipal de la ciudad de San Luis Potosí van comenzando, apenas cierran su primer año. Que lo peor no esté por venir.
@guillerluevano
