Stella Calloni, corresponsal
Buenos Aires. El Instituto Independencia de estudios políticos e históricos denunció ante la justicia al presidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios por el delito de “traición a la patria e indignidad nacional, revelación de secretos de Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público” basados principalmente en las decisiones tomadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la apertura de una base de operaciones de Estados Unidos en la provincia de Misiones.
También el mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Oscar Aguad; son acusados “de pactar una suerte de silencio y encubrimiento ante la desaparición o hundimiento del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes (desaparecido en noviembre pasado)”, y advirtió que existe una especial gravedad en el hecho de que el último funcionario mencionado “no sólo no haya brindado explicaciones públicas respecto del hundimiento del submarino, sino que además contara con el respaldo presidencial posterior a los sucesos ocurridos”.
Con referencia a la llegada de agentes de Estados Unidos al norte argentino, el escrito sostiene que Aguad forma parte “de los acuerdos de instalación de bases militares negociados en Washington D.C. conjuntamente con la Ministra de Seguridad, al tiempo que en el día de la fecha se conociera, a través del Boletín Oficial la firma del decreto 125/2018, que ordena la compra de material bélico, a través del procedimiento de excepción y asigna a dicha operación, el carácter secreto por razones de seguridad y defensa nacional”.
Se remarca en la denuncia que en uno de los considerandos del decreto, expresamente se afirma que resulta necesario incorporar nuevo material “dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, (represión social) favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aportes nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura” y además “a través del procedimiento de excepción asigna a dicha operación, el carácter secreto por razones de seguridad y defensa nacional”.
Asimismo “deberá investigarse si como parte de los acuerdos de instalación de bases militares firmados, se han comprometido secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares que pudieran comprometer la seguridad de la nación, los medios de defensa disponibles o las relaciones exteriores de nuestro país, conforme reprime el tipo penal previsto en el artículo 222 del Código Penal, puesto que es este el verdadero móvil por el cual las potencias extranjeras se valen del recurso de instalación de bases amparadas en versiones modernas de la vieja doctrina de seguridad nacional”.
La titular del Instituto Independencia, Daniela Bambill, explicó que en la denuncia “hablamos de traición a la Patria porque hay una colaboración permanente con las potencias que amenazan el Atlántico sur”.
También elevarán un informe al Congreso solicitando la creación de una comisión investigadora, para iniciar el pedido de juicio político a los funcionarios. La denuncia recayó en juzgado de Claudio Bonadio, por lo que aseguraron que, de confirmarse la jubilación del magistrado, pedirán su recusación.
En tanto en el último informe de Amnistía Internacional (AI) se reclama al gobierno por la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales (citando el asesinato de Rafael Nahuel Rio Negro en un desalojo´y de Santiago Maldonado en Chubut) como agresiones y persecución a comunidades indígenas. También sobre el retroceso en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala. Estos y otros puntos forman parte del capítulo argentino del informe.
Mariela Belski directora de AI Argentina, se refirió además a la creciente propagación de noticias falsas, para manipular la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos”.
