Guillermo Luévano Bustamante
El lunes 9 de mayo, muy puntuales, a las 11 de la mañana, una de las consejeras y tres de los consejeros consultivos del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas del Estado de San Luis Potosí (Indepi) comenzaron la rueda de prensa a la que habían convocado unos días antes.
Leyeron por turnos un documento de más de cinco cuartillas en que denunciaban detalladamente las reiteradas exclusiones del gobierno del estado en su perjuicio, a saber, en resumen: la omisión de realizar las consultas, pública, previa, libre e informada, que manda la Ley de Consulta Indígena del Estado y numerosos instrumentos jurídicos; la criminalización que hiciera luego la directora del Indepi al buscarles con auxilio policiaco para que desistieran de los amparos interpuestos contra esa inicial omisión; la negativa a reconocerles los mínimos derechos humanos en sus alegatos jurídicos en los juicios de amparo; el incumplimiento de los acuerdos hechos con el gobernador al menos en dos ocasiones respecto a la remediación de este problema, que consistían básicamente en destituir de inmediato a la titular del Indepi, para continuar las mesas de diálogo, el compromiso gubernamental de no litigar los asuntos y comenzar de inmediato los trabajos preparatorios para la realización de la consulta indígena.
Tras la lectura meticulosa y los duros señalamientos contra el gobernador, en poco más de dos horas se anunció finalmente la destitución de Margarita Viñas como titular del Indepi. En su lugar fue designado Raúl de Jesús González Vega, ex alcalde del municipio huasteco de Coxcatlán y ex funcionario educativo.
La destitución fue una exigencia de las y los representantes indígenas inconformes como muestra de voluntad política del gobernador, pero será fútil si el nuevo titular persiste en la misma línea de acción que la defenestrada Viñas, esto es, el nuevo director debe hacerse cargo de los asuntos jurídicos sin confrontar a los pueblos indígenas, que ya fueron excluidos de la planeación estratégica de la política local, debe comenzar por asumir la responsabilidad de su antecesora y de su jefe y comenzar de inmediato los trabajos para la realización de la consulta indígena, con criterios incluyentes, democráticos, con perspectiva de derechos humanos, de género, y atendiendo en todo momento a las necesidades y requerimientos de las comunidades indígenas.
La semana pasada el gobierno del estado recibió a modo de combo diversas llamadas de atención procedentes de diversos sectores: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) emitió un boletín en el que se manifestó la preocupación por las prácticas discriminatorias del gobierno estatal, al día siguiente un grupo de investigadores e investigadoras del centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis se pronunció por el reconocimiento a los derechos políticos de los pueblos originarios, y enseguida el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que prepara ya una resolución sobre las quejas que han interpuesto las y los representantes indígenas en San Luis derivados de esas omisiones del gobierno estatal.
El gobierno del estado tiene unos días para enmendar la plana, asumir realmente y con seriedad las omisiones y actuaciones indebidas en que han incurrido contra los pueblos indígenas que habitan en San Luis Potosí. A fines de este mes tendremos las resoluciones de los juicios de amparo, y esperamos una resolución favorable de los juzgados de distrito, sobre los derechos indígenas y las claras violaciones a su esfera jurídica, política y aún cultural.
@guillerluevano
