Carlos López Torres

Si los números no mienten, uno no puede dejar de augurar que las tradicionales pitonisas, los adivinos y todo tipo de futurólogos de temporada, no tendrán dificultad alguna en la estimación de sus predicciones para el próximo año.

Las batallas ganadas por el filósofo y economista Carlos Marx, a propósito de su vigencia frente a la prolongada crisis del capitalismo mundial, lamentable para quienes no han dejado de padecer la explotación, confirman sus análisis y predicciones frente a una terca realidad que, como el caso México, nos anticipa un aumento en la pobreza con el consecuente ahondamiento en la división de clases.

La institucionalizada cuesta de enero empieza a convertirse en una escarpada pendiente cada vez más difícil de transitar para los millones de trabajadores mexicanos que, a diferencia de los funcionarios públicos, no tendrán posibilidades de recuperar mínimamente el poder adquisitivo que se ha ido para siempre de sus exiguos bolsillos, colocándolos cada vez más próximos a quienes apenas tienen para comer.

No, no se trata de un mero ejercicio pesimista el que pretendemos hacer, se trata de que frente a unos irrisorios aumentos salariales y la inflación en aumento, así como el alza de impuestos y el pago de servicios diversos harán prácticamente imposible que los empleados y jubilados de este país recuperemos el bienestar y la mejoría económica tan deteriorados, como la seguridad, la educación y la salud.

Los inminentes aumentos en la zona metropolitana a las tarifas del agua hasta un 10 por ciento, y en caso concreto de la capital a los valores catastrales en aproximadamente 4.5 por ciento, según estimaciones de algunos funcionarios municipales, impactarán de inmediato el costo de la vivienda, las rentas y otros servicios.

El alza en la electricidad y la consumación del gasolinazo anunciado desencadenarán a su vez elevaciones inmediatas en las tarifas del transporte urbano, el servicio de taxis y el transporte de carga con el consabido incremento de precios en los alimentos y otros productos básicos y necesarios.

Todo ello en medio de los recortes al presupuesto que auguran la suspensión de obra pública, menor inversión en la mejoría de los servicios públicos, mientras el gobernador, el secretario general de Gobierno y el procurador, así como los diputados que aprobarán esos aumentos, recibirán en su conjunto millonarios aumentos. Ellos no sufrirán limitaciones, sí que prosperarán el próximo año.

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