Carlos López Torres
Tres hechos trágicos donde se han visto afectados nuestras niñas y niños, han ocupado la atención de la opinión pública nacional durante los últimos días, aunque el relacionado con el alumno del primer año de secundaria del Colegio Americano del Noreste, de la ciudad de Monterrey, quien al parecer planeó premeditadamente la agresión a su maestra y sus compañeros, para después autolesionarse, ha sorprendido sobremanera por ser un caso inédito.
El otro caso, el que ha develado más aún la mentalidad criminal y corrupta del ex gobernador de Veracruz, el prófugo Javier Duarte, quien actuó permisivamente para que se diera agua en lugar de medicamentos a niños enfermos de cáncer con tal de robarse el dinero, ha sido calificado como un “crimen de lesa humanidad”.
El último caso en comento, que ha ocasionado manifestaciones, bloqueos y la petición de renuncia del procurador de Guanajuato, es el que se refiere al multihomicidio de tres infantes en las inmediaciones de San Miguel de Allende, sobre la carretera que va a Dolores Hidalgo, atribuido al padre de los pequeños, quien trabajaba como velador de una finca donde la madrugada del sábado 14 de enero se escenificó un tiroteo entre policías ministeriales y supuestos miembros de un grupo delincuencial.
De los tres hechos, reveladores del grado de vulnerabilidad a que han llegado nuestros niños, quienes cotidianamente deben sortear los graves riesgos derivados de la violencia e inseguridad que, pareciera, ha llegado definitivamente para quedarse en los diferentes ámbitos de nuestro país, sólo el caso neoleonés ha merecido destacadamente la intervención de Peña Nieto, aunque en su discurso reiterativo instruye al secretario de Gobernación Osorio Chong y Aurelio Nuño, titular de la SEP, respectivamente, para que se refuercen las medidas y protocolos de seguridad que se siguen en las escuelas. Instruyendo asimismo a José Narro, titular de la Secretaría de Salud, para atender los requerimientos médicos de las personas lesionadas y de los familiares que lo soliciten. ¿Y los niños de Veracruz?
Sin embargo, los demás casos sujetos a investigación en medio de la maraña burocrática ya conocida, siguen su curso con la atención de los organismos y los familiares de los afectados, quienes solicitan castigo a los responsables y esclarecimiento de los hechos como en el caso de Dolores Hidalgo, donde existen muchas dudas respecto a la presunta culpabilidad del padre de los niños, Antonio Luna Hernández, torturado al decir del abogado defensor José Luis Vega.
Aunque en todos los casos se ha hecho patente que estamos ante la presencia de escenarios nuevos y complejos, derivados de los avances tecnológicos, del rezago preventivo, la incapacidad manifiesta de las autoridades e instituciones para garantizar el Estado de derecho, diagnosticar y elaborar políticas públicas preventivas al respecto, lo cierto es que el tratamiento burocrático y ocasional de los problemas de la niñez, hacen pensar en más acontecimientos graves.
En nuestro sufrido San Luis Potosí, por ejemplo, no tarda el que salga el secretario de la SEGE a decirnos que aquí no pasa nada, dado que en materia de protocolos se cuenta con la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios, aunque dicho ordenamiento no cuenta con el reglamento respectivo para su aplicación concreta y, por otra parte, el Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar, es hora que no se reúne por lo menos para ofrecer un diagnóstico al respecto.
