Pedro Miguel
En una reunión de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración, realizada en el Colegio de San Ildefonso, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, propuso establecer un mecanismo internacional para proteger a las poblaciones migrantes de la discriminación y la xenofobia y ampliar la comprensión sobre los procesos de movilidad humana. “Tenemos que garantizar –dijo– que nuestras ciudades se conviertan en ciudades refugio y hospitalarias; lograr lo que llamamos nosotros un pasaporte urbano de derechos; que cuando (las personas en movilidad) lleguen a nuestras ciudades, tengan acceso a salud, educación, empleo, en fin”.
Junto con su propuesta, la jefa de gobierno no escatimó las críticas a “las políticas que criminalizan la movilidad humana y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la muerte de numerosos connacionales durante los operativos del ICE”, y denunció que “quienes recurren a estas políticas recurren a una vieja y siniestra receta: convertir al diferente en enemigo; señalar a los más pobres, mientras defienden los privilegios de siempre”.
Las palabras de Clara Brugada son particularmente relevantes en la circunstancia actual, en la que el trumpismo desbocado ha convertido a las patrullas de Inmigración y Aduanas en escuadrones de la muerte que recorren las calles de las ciudades estadunidenses para perseguir, agredir, capturar e incluso asesinar a personas que, al margen de su ciudadanía y de su estatuto migratorio, ofrezcan algo que, en su criterio, represente algún grado de resistencia a la cacería humana en curso.
Esa es la expresión más extrema de la demagogia xenofóbica desatada por Trump y sus secuaces, pero dista mucho de ser la única. Junto con ella, el gobierno federal del país vecino ha buscado afectar a los trabajadores extranjeros en todos los terrenos imaginables; por ejemplo, marginarlos de los servicios educativos y de salud, negarles la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, separar familias o deportar a continentes lejanos a quienes tienen la desgracia de caer en las garras del ICE. Es importante recordar que la imitación servil del trumpismo cunde entre varios de sus émulos latinoamericanos.
Así, el presidente chileno, José Antonio Kast, se empeñó desde que era candidato a convencer a sus compatriotas de que el problema principal de Chile era la presencia de migrantes, particularmente venezolanos, a los que atribuyó la responsabilidad de la creciente inseguridad que vive esa nación austral, y prometió crear mecanismos de deportación análogos a los de Trump. Javier Milei, el fársico habitante de la Casa Rosada, acaba de ordenar que se niegue el ingreso a Argentina a toda aquella persona que haya criticado a ese país, de manera verbal o escrita, en lo que constituye un disparate paranoico a todas luces irrealizable.
Ciertamente, América Latina no ha llegado a los extremos de xenofobia que se viven en Europa y en Estados Unidos, pero el fenómeno avanza, de la mano del auge de las ultraderechas. A la luz de estas realidades, cobra una especial relevancia lo expresado por la jefa del gobierno capitalino ante alcaldes de Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Chile.
Ciertamente, las políticas migratorias no caen en el ámbito de las atribuciones urbanas o municipales en ningún país, pero es mucho lo que las ciudades pueden hacer para humanizar la vida de quienes han debido dejar atrás sus lugares de origen por razones económicas, por la inseguridad o por la legítima búsqueda de mejores condiciones de vida. La mayoría de las veces, el conglomerado urbano, con sus hostilidades intrínsecas, es el terreno en el que los extranjeros deben desenvolverse, y resulta de básica empatía el procurar que tengan acceso a derechos básicos, empezando por la vivienda, pero también la salud, la educación, la alimentación y el trabajo.
Con esa lógica, la Ciudad de México ha duplicado la capacidad de refugios y albergues y las posibilidades de alimentación, atención médica y sicológica para personas migrantes y ha atendido, en lo que va del año, a cinco mil 600 de ellas. Ojalá que el resto de entidades y ciudades del país sigan el ejemplo.
En una década se incrementó el número de extranjeros de todas las condiciones que habitan en la capital mexicana, y el contexto internacional indica que seguirá creciendo, no necesariamente por los que se definen como nómadas urbanos, sino por la persecución política ya en curso en países como Ecuador, Chile, Bolivia y, pronto, por desgracia, en Colombia, además de los refugiados económicos que va a generar el desastre mileísta.
Algo más: la cacería “anticomunista” proclamada recientemente por Marco Rubio –y que es en realidad una pieza fundamental en el ensayo de construcción de un régimen abiertamente totalitario en Estados Unidos– puede traducirse en un flujo de perseguidos que cruce el río Bravo de norte a sur. Y reconforta que en estos tiempos oscuros la capital de México sea contrapunto de la barbarie.
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