Renata Terrazas*
La sociedad mexicana ha mostrado de manera tajante que estamos hartos de la corrupción en nuestra clase política. Hartos de casas blancas, de licitaciones a modo para beneficiar a los amigos del presidente, del capital generado en el país que es trasladado a paraísos fiscales y de todos los arreglos entre las élites económicas y políticas.
Una de las maneras que la ciudadanía encontró para dar un mensaje claro a gobernantes y representantes sobre nuestra nula tolerancia a la corrupción legalizada fue el respaldo que se le dio a la iniciativa de ley #3de3 en donde se exige que las declaraciones públicas, las de interés y las fiscales de los funcionarios sean públicas.
El objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de la población información relevante para atacar la corrupción política. El énfasis ha estado en las declaraciones patrimoniales, sin embargo una de estas tres, la de interés, tiene una relevancia mayúscula. Su objetivo es que cada funcionario explicite las actividades e intereses de su ámbito privado que pudieran entrar en conflicto con el desempeño de sus responsabilidades y funciones del ámbito público.
Uno de los casos que mejor ejemplifica esta necesidad es el de Diego Fernández de Cevallos, quien como senador de la República mantuvo su despacho jurídico, desde el cual llevaba casos contra el gobierno. En esta misma línea, mientras sus empresas mantenían contratos con Pemex, Joaquín Coldwell se convirtió en secretario de Energía.
De manera muy desafortunada, y manteniendo la crisis de legitimidad, podemos encontrar casos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo donde existe un evidente conflicto de interés que fácilmente puede derivar en casos de corrupción. El caso de Ninfa Salinas Sada es uno muy vigente.
La senadora por el PVEM es presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al tiempo que es presidenta del Grupo Dragón, el cual se ha convertido en la primera firma en obtener permiso para la explotación de energía geotérmica, convirtiéndose de esta forma en competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado. La senadora es también hija de Salinas Pliego, empresario dueño de TVAzteca quien en 2009 se estrenara como empresario minero en territorio mexicano.
Como sucede siempre con el conflicto de interés, no se identifica una norma violada o acciones ilegales; sin embargo, la ética detrás del funcionario, en este caso, de la senadora Salinas, es precaria ya que encabeza la comisión que aprueba las leyes que regularán la explotación de los recursos naturales en el país al tiempo que preside una empresa que se dedica a ello y es hija de un minero involucrado en un proyecto de minería tóxica en una reserva de biósfera en Baja California Sur.
La mina en la que Salinas Pliego está involucrado y que se pretende llevar a cabo en la reserva de biósfera es altamente tóxica y representaría una catástrofe ecológica en la biósfera de la Sierra La Laguna, principal yacimiento de agua de Baja California Sur. El permiso de explotación de la mina Los Cardones fue concedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por un integrante del mismo partido de la senadora Ninfa Salinas.
Uno de los grandes retos del Sistema Nacional Anticorrupción será poder identificar el conflicto de interés y evitar que derive en casos de corrupción. Porque es importante dejarlo claro, la corrupción no sólo es el burdo soborno sino el beneficio privado sobre el interés general.
En este mismo sentido, la comisión encargada de construir el marco regulatorio que deberá proteger el medio ambiente y la gobernanza de los recursos naturales no debe estar en manos de una empresaria con intereses en la explotación de los mismos. ¿Quién nos garantiza que la lógica de la legisladora no es el interés privado, el suyo y el de su padre?
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
