Jaime Nava
A partir del último día de marzo en la mente de un creciente grupo de ciudadanos y, desde luego, del alcalde de la capital, ha estado presente una pregunta: “¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz?”. Variadas y, muchas veces, contradictorias han sido las respuestas de los funcionarios municipales que se han encargado de responder las preguntas que con “gallardía” ha esquivado el alcalde. Sin embargo, para algunos de quienes dieron a conocer la existencia de pagos millonarios a la misteriosa mujer sí hubo respuestas claras: intimidación y clausura de negocios.
Con agresiones indirectas han pretendido frenar el ejercicio de derechos humanos que deberían estar garantizados sin obstrucciones en cualquier sociedad que se precie de vivir en legalidad y democracia. El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión se encuentran en crisis en San Luis Potosí. La red de intereses se extiende desde todos los niveles de gobierno hacia las instituciones –supuestamente independientes– frenando el crecimiento de la participación ciudadana y perpetuando la impunidad.
El caso de Sandra Sánchez Ruiz es emblemático pues, esencialmente, sirve para ejemplificar cómo el ejercicio combinado de los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión son útiles para evidenciar manejos irregulares de los recursos públicos además que son necesarios para provocar pequeños despertares de ciudadanos conscientes de la importancia de intervenir en los asuntos de la vida en comunidad.
Aparentemente el presidente municipal sabe que el acceso a la información fue fundamental para dar a conocer la existencia de una contratista millonaria como Sandra Sánchez Ruiz, por ello tal parece que la opacidad se quiere normalizar en el ayuntamiento. Nada más de esa manera se explica que desde el mes de junio la administración municipal que encabeza Ricardo Gallardo Juárez no haya publicado las listas de egresos a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.
Hasta ahora no es posible conocer cómo fueron gastados los recursos municipales durante junio y julio. ¿Cuántas Sandras Sánchez Ruiz buscan alejar del conocimiento público? ¿Por qué se han dejado de publicar las listas de egresos si estas sirven para dar a conocer nombres y montos de contratistas? Aunque –irónicamente– la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí (Cegaip) esté muy lejos de ser una institución transparente y confiable, no puede permanecer al margen de las violaciones a la ley en las que día a día incurre el ayuntamiento de la capital al no poner al alcance de la ciudadanía información de oficio.
Impedir que se conozca información también es una agresión hacia la ciudadanía que viene a confirmar que quienes nos gobiernan creen que el poder se puede emplear para amedrentar, para beneficiar a particulares con adjudicaciones directas disfrazadas de programas sociales o para promocionar la imagen personal con un “ingenioso” eslogan publicitario; pero nunca, ni en el mejor de los casos, para informar a la ciudadanía sobre el uso puntual de sus recursos.
Abusar del poder para dificultar el trabajo de periodistas es una acción propia de quien ve a las personas como “pollitos” maiceables políticamente redituables y no ciudadanos con derechos que deben ser respetados y garantizados a pesar de que ello estorbe el “proyecto” electoral futuro. Si no hay nada que ocultar, poco debería importar que ciudadanos y periodistas indaguen sobre el destino de los recursos públicos.
Han pasado 228 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.
¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos
¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!
@JaimeNavaN
