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Gobernanza pública a prueba

Carlos López Torres

Mientras los diputados andan hechos bolas con la iniciativa del fuero constitucional del que gozan ellos y todos los funcionarios públicos, en espera de que finalmente sea el verdadero dueño del microondas quien autorice su aprobación, el tema de la rendición de cuentas efectiva y eficaz de los servidores públicos y el de la revocación del mandato se mantienen en stand by.

En tanto la gobernanza pública no logre concretarse en normas y leyes que se acaten y se cumplan a cabalidad, los discursos oficiales no pasarán de ser eso. Acaso por ello algunas iniciativas, especialmente aquellas en que de alguna manera han participado los ciudadanos, se mantienen en la congeladora del Congreso. Tal es el caso de la iniciativa que tiene que ver con la participación ciudadana.

En ese marco, no es casual entonces que la Auditoría Superior del Estado (ASE), al igual que los diputados, sea asimismo considerada como un órgano reprobado en materia de fiscalización, según lo dicho por José Ángel Gurría, presidente de la OCDE, quien afirmó en la presentación del estudio de la organización sobre Gobernanza pública del sistema nacional de fiscalización de México, que 75 por ciento de los órganos locales están reprobados.

Por supuesto, el alto funcionario salinista de la OCDE omitió reconocer que la corrupción en nuestro país está institucionalizada mediante una poderosa red sistémica que, según el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portales, sólo podrá combatirse eficazmente si también se opera de manera sistémica.

En el caso de nuestro estado, seguramente esta corrupción endémica es ya demasiado grave, dada la prisa, que no ha merecido la inseguridad también reinante en la entidad, publicitada ampliamente en medio de reflectores por el gober Carreras López, quien ya legisla sobre el combate a ese enraizado mal que carcome a instituciones públicas y la misma IP, para “forzar una mayor rendición de cuentas”, señaló Miguel Ángel Gurría en su intervención en comento.

Según el mismo funcionario, autor y apoyador de la fracasada reforma educativa, los entes locales como la ASE estarían reprobados dada su falta de autonomía, carencia de recursos económicos o humanos, aunque en nuestro caso lo cierto es que al organismo fiscalizador nadie lo toma en cuenta, empezando por los mismos diputados, quienes inclusive han perdido el control del órgano encargado de fiscalización.

Enredados como andan los funcionarios, especialmente los que tienen que ver con la fallida gobernanza en materia de inseguridad, con el retraso de las comparecencias y la proclividad de los diputados a montar teatros que nada resuelven, lo más probable es que sigamos poniendo nuestro grano de arena para que México siga siendo el país más corrupto de la OCDE, en tanto se mantenga a distancia a los ciudadanos en la construcción del sistema nacional para el combate a la corrupción.