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  • Ecología política y desarrollismo
  • Prisas y pifias en proyectos
  • Apuestas de Alfonso Romo

Julio Hernández López

El enredijo causado por la renuncia de Josefa González Blanco a la secretaría federal del medio ambiente (con un fuerte jaloneo, desde las entrañas del poderío moreno, en busca de instalar como relevo al impresentable exgobernador Manuel Velasco o a la ebrardista Martha Delgado) se resolvió de una manera que entraña un enigma operativo: el presidente Andrés Manuel López Obrador designó para tal secretaría a Víctor Manuel Toledo, un doctor en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en la misma casa de estudios y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel.

A diferencia de su antecesora, González Blanco, el recién llegado Toledo tiene un amplio historial académico y, de manera marcada, una definición política e ideológica sobre las causas estructurales del avanzado deterioro del medio ambiente mexicano. En particular, el nuevo secretario es un estudioso y postulante de las tesis de la ecología política (un artículo explica parte de esos postulados: “¿Por qué es importante la ecología política?”, https://bit.ly/2EBNa6i ).

Como investigador, académico y articulista (escribe periódicamente en La Jornada), Toledo ha expresado reservas de diverso grado respecto a varios de los proyectos desarrollistas del gobierno obradorista. Es de suponerse que, en congruencia con su formación científica, podrá entender y ejecutar las tareas propias de la secretaría a su cargo y, sobre todo, que será capaz de presentar una oposición razonada a las prisas y pifias que se han ido cometiendo en la ruta de imposición de facto de varios de los proyectos mencionados (Santa Lucía, Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, corredor transístmico, siembra masiva de árboles, entre otros).

Sin embargo, la formación científica y la visión estructural del problema ecológico pueden ser insuficientes por cuando menos dos razones. La primera consiste en que las capacidades intelectuales en determinada materia no se traducen de forma automática en habilidades operativas, en viabilidad práctica. La segunda, radica en los obstáculos que ya conoció la dimitente González Blanco y que no tienen visos de ser removidos o eliminados en un corto plazo: el drástico recorte de personal y recursos económicos en esa secretaría la convirtieron, en estos casi seis meses de gobierno, en una forma de inmovilidad e inviabilidad, además del peso distorsionante de la imperiosa voluntad presidencial que presiona para que sean ahorrados trámites y fases en los proyectos que son de su especial preferencia.

Por otra parte, la presencia del científico Toledo en la Semarnat ofrece al presidente López Obrador la posibilidad de construirse vías de salida en caso de que la realidad económica, técnica, política y social empantane o anule algunos de esos proyectos tan acariciados por Palacio Nacional. Ante situaciones de emergencia, AMLO podría argüir que la anterior secretaria no le informó adecuadamente de los riesgos y problemas de determinados proyectos, mientras que el secretario entrante sí lo habría hecho y, bajo esa nueva luz, podrían replantearse o cancelarse tales planes. No sería justo, en términos políticos, cargar responsabilidades o presuntas omisiones a quien dejó el escenario, pero en política el poderoso siempre  busca la manera de resolver sus conflictos o crisis con cargo a los subordinados.

Uno de estos subordinados, constantemente puesto por sus adversarios en una hipotética puerta de salida del gabinete obradorista, ha pretendido apostar a reporteros que no habrá una crisis económica en el país. Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, estuvo ayer en un acto con los directivos del Consejo Coordinador Empresarial y ahí respondió a la prensa: “No veo ninguna recesión por nada, cero. Les apuesto veinte a uno que no va a haber recesión, o cien a uno ¿quién me la toma? (…) Vamos a hacer un buen gobierno. Estamos trabajando muchas horas diarias. Espero que ustedes lo empiecen a sentir en muy poco tiempo”.

Alonso Ancira Elizondo ha sido uno de los adversarios históricos del dirigente sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien ahora es senador por el partido Morena y creador de una central sindical internacional que pretende convertirse en un símil achicado del cetemismo en la época de la hegemonía priista. Ancira es el presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA), cuya actividad económica, reportada en la Bolsa Mexicana de Valores, es la fabricación de acero y la manufacturación de productos relaminables, planos, no planos y tubería con costura, así como subproductos derivados del gas de coque.

Ayer, AHMSA informó que las cuentas bancarias propias de su operación fueron “congeladas”, en «un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la Unidad de Inteligencia Financiera (de la secretaría de Hacienda), cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA, dañando a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial».

Aún cuando no fue precisada de inmediato la causa de esa congelación de cuentas bancarias, se ha mencionado a AHMSA  en operaciones con las que Petróleos Mexicanos, entonces dirigida por Emilio Lozoya, recompró a sobreprecio una planta de producción de fertilizantes que incluía maquinaría inservible. También se le ha señalado como partícipe de triangulaciones económicas para actos de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. Y, desde luego, aunque no conste en actas, se da la circunstancia específica de la prolongada guerra de AHMSA, como parte de un grupo de empresas, contra el ahora muy poderoso dirigente sindical Gómez Urrutia. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.