Federico Anaya Gallardo
Gramsci dixit : “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Pero el peligro de los fascistas no es el único en la media luz de las etapas de transformación. Más seguido nos encontramos en problemas porque los cuadros que disputan en la nueva política y tratan de comprender las nuevas reglas sociales son mujeres y hombres criados –y creados– en lo antiguo. Una imagen clásica de esta paradoja es el Maximiliano Robespierre de Wajda (Danton, 1982) haciéndose la toilette como un buen burgués del Viejo Régimen –incluyendo la peluca bien peinada y cubierta de talco– antes de ir a la Convención para presentar sus avanzadas leyes que defendían a los obreros contra sus patrones explotadores. Absurdo doble: el ciudadano Robespierre seguía dirigiéndose a los demás como “señor” y “señora” –pese a que la Gran Revolución francesa había hecho a Todomundo “ciudadanos” y “ciudadanas”.
Ante estas inconsistencias, la sabiduría de calle mexicana nos recuerda que “con estos bueyes hay que arar”. Así que no hay de otra más que subirnos como sea a la carreta de la Historia, echar a andar por la mala terracería e irnos acomodando a cada salto (y sobresalto). Uno de nuestros legendarios héroes liberales se hizo experto en sobrevivencias culturales. El abogado, poeta, dramaturgo, historiador y general Vicente Rivapalacio Guerrero escribió unas geniales novelitas sobre la sociedad virreinal mexicana –con la perversa intención de que sus lectoras y lectores se reconociesen en los modos del Antiguo Régimen y se corrigiesen. Su Martín Garatuza, por ejemplo, burla los protocolos del palacio virreinal aprovechándose de la fatuidad de los cortesanos… provocando sonrisas venenosas e irritación en los igualmente fatuos cortesanos del palacio republicano que Rivapalacio había ayudado a conquistar.
Hace algunos meses debatíamos acerca de las reformas a la Ley de Amparo que restringieron la posibilidad de que se otorgasen suspensiones erga omnes (“para todos”). Traté del tema en mi colaboración en este espacio del 24 de abril de 2024. (Liga 1.) Con esa reforma se evita que, por ejemplo, a partir de un amparo promovido por una sola empresa concesionaria eléctrica, un juez de distrito suspenda la aplicación de la ley para todas las empresas concesionarias –incluso para las que no hayan promovido amparo. Este despropósito ocurrió en 2021 (Liga 2). El entonces Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica concedió suspensión precisando que “los efectos … a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales” (amparos indirectos 118/2021 y 120/2021). El autor de esta notoria sentencia fue Juan Pablo Gómez Fierro, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿La razón? Mantener la igualdad en la competencia entre empresas, pues según el juzgador sería injusto que las dos que promovieran el amparo gozaran de ventajas frente a las que no lo hicieron. ¡El juicio de amparo utilizado para defender el “derecho humano” a la libre competencia!
De ese tema, precisamente, habló el profesor Eduardo Andrade Sánchez en la séptima sesión de los Diálogos Nacionales para la Reforma Constitucional del Poder Judicial Federal, celebrada el 30 de julio de 2024 en el palacio legislativo de San Lázaro. Andrade Sánchez señaló que, en ese caso, el juez de distrito puso el principio de la competencia económica por sobre la rectoría del Estado, como si aquélla fuera un derecho humano (que no lo es) y la última no representase, en principio, el interés público. (Liga 3, min. 03:39:00 & ss) Yo agregaría a lo que dijo mi viejo profesor de Ciencia Política: si se trata de construir derechos humanos de forma integral, es más serio hacerlo a partir del interés público que representan las empresas estatales –que están administradas y vigiladas por el público– y que tienen el deber de asegurar el suministro de energía a todos a un precio mínimamente razonable. Preferir el derecho del concesionario, cuyo interés es su propia y particular ganancia (Adam Smith dixit) es un sinsentido político, económico y legal.
Me detengo en el asunto de las suspensiones erga omnes porque es un buen ejemplo de cómo estamos condenados a usar personal anticuado para lidiar con nuevas realidades. Andrade Sánchez, en la intervención que he citado, señala cuál debió ser el criterio correcto del juzgador al aplicar la Ley de Amparo. Tristemente, defendiendo la independencia del juzgador particular, el Poder Judicial Federal (PJF) ni siquiera intentó reflexionar sobre el problema planteado por la suspensión erga omnes dictada por Gómez Fierro. De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) promovió a Gómez Fierro al rango de magistrado de circuito. Sin duda que el juzgador potosino había requisitado evaluaciones y tiempos, pero tampoco hay duda que su promoción es parte de la política hoy imperante en el PJF. Es más, la denodada defensa de la “libre competencia” por Gómez Fierro lo volvió una especie de rock-star judicial, que le aseguró participar en los Diálogos Nacionales. Puedes oír su ponencia en la segunda sesión (2 de julio de 2024) realizada en el palacio legislativo de Toluca. (Liga 4, min. 59:00 & ss.)
Ante el silencio y apoyo que el PJF –como colectivo, como conjunto– dio a la posición ideológica (librecambista y neoliberal) de juzgadores como Gómez Fierro, las y los legisladores situados a izquierda tomaron la iniciativa. (Así se ve la democracia, querida lectora.)
El 19 de julio de 2022 el diputado federal por San Luis Potosí, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Amparo (agregando dos párrafos al Artículo 128) y la Ley sobre Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales (agregando dos párrafos al Artículo 15). Los dos párrafos para agregar eran idénticos:
“Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevéen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión. / La autoridad judicial al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, si fuera el caso, y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución.”
La “Exposición de Motivos” del diputado potosino construyó un razonamiento interesante. Primero, la Constitución prevé la planeación democrática del desarrollo nacional. Ese desarrollo ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una cuestión de interés público esencial. La planeación del desarrollo incluye la administración de las áreas estratégicas de la economía y de los bienes de dominio directo de la Nación. Sin embargo, nos dice el legislador, “de manera recurrente, la suspensión [en Amparo, Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales] … se ha empleado para obstaculizar actos públicos vinculados de manera inmediata y directamente a la planeación del desarrollo nacional, en las áreas estratégicas … [suspensiones que] afectan de manera grave el interés social” (página 15 de la iniciativa, que puedes consultar en la Liga 5).
Razonamiento interesante, pero tóxico… Porque si la derecha ganase la Presidencia y controlase las cámaras (lo que sin duda pasará alguna vez en nuestra democracia) entonces, ni la izquierda ni la sociedad podrían utilizar los juicios de amparo, ni las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad para defenderse. Que mi argumento es cierto lo demuestran los ejemplos que el diputado potosino incluyó en su exposición de motivos para justificar la reforma que proponía en 2022: amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones, contra el Aeropuerto de Santa Lucía, contra el Tren Maya y contra la refinería de Dos Bocas. Por supuesto que a los obradoristas nos parecieron molestos todos esos amparos. Pero recordemos, fue por esa misma vía que el Pueblo y nuestro movimiento peleamos contra la presa El Zapotillo en Jalisco y contra la siembra de transgénicos en la península de Yucatán. Fue a través del juicio de amparo que los nahuas de Tecoltemi vencieron a Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Estos son tres casos populares ganados con terribles sacrificios que demuestran que la propuesta de Robledo Ruiz era una pésima idea.
Agregaría algo más: contra El Zapotillo, la soya transgénica y las concesiones mineras el Pueblo habría necesitado que el PJF hubiese otorgado suspensiones tan generosas como la que Gómez Fierro concedió a los empresarios eléctricos. Resumo: el problema no es que exista la suspensión erga omnes, sino que las personas juzgadoras sólo la conceden a los capitalistas y casi nunca –si no es que jamás– al Pueblo pobre.
¿Deberíamos sorprendernos de la propuesta de Robledo Ruiz? No. Don Juan Ramiro simplemente es fiel a su biografía. Nacido en 1949 y abogado por la Autónoma de San Luis Potosí, fue el secretario general de Gobierno de la Administración del priísta Leopoldino Ortiz Santos de 1988 a 1991. (Nota fascinante: el gobernador Leopoldino era ministro con licencia de la SCJN… y, pese a ello, mientras aún era gobernador, tramitó y obtuvo su retiro como Ministro en mayo de 1989,. Digo, si vamos a hablar de los privilegios de la casta judicial hay que recordar la historia completa. ¡Y era de carrera judicial, a la que entró como actuario en 1953 y adonde llegó a magistrado de circuito en 1978! Liga 6.)
Regresemos a la Secretaría de Gobierno potosina. En aquellos años, quien ocupaba el cargo era –por ministerio de ley– cabeza del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí (CEE-SLP), la institución que condujo la elección para gobernador de 1991. Este año la alianza PRD-PAN-PDM postuló al doctor Salvador Nava Martínez y la voluntad popular fue defraudada. El CEE-SLP declaró ganador al priísta Fausto Zapata Loredo, quien nunca pudo entrar a Palacio de Gobierno y debió renunciar apenas trece días después de tomar posesión. Andrés Manuel se unió al doctor Nava en su marcha a pie de San Luis a México. Don Juan Ramiro nos explicará, por supuesto, que en la campaña de 1991 él ya estaba fuera del gobierno potosino porque contendió para ser diputado federal en el periodo 1991-1994 (LV Legislatura). Pero recordemos: la LV Legislatura federal fue la que hizo la contrarreforma agraria que buscaba privatizar los ejidos) y la que reconoció la personalidad jurídica de las iglesias (para ganarse el voto de los católicos conservadores). Robledo Ruiz es un hombre del Viejo Régimen.
Seamos más claros. Robledo Ruiz no es uno de los fundadores del PRD (como Cárdenas Solórzano y López Obrador). Sirvió como priísta bajo Salinas –en los días en que se reprimía a perredistas. Tampoco es un converso de la primera oleada (Monreal Ávila y Cota Montaño). Sirvió como subsecretario de Gobernación con Zedillo –en protección civil, hay que aclararlo. Pero los otros subsecretarios reprimían neozapatistas en Chiapas. Él abandonó el oficialismo priísta sólo porque el gobernador priísta Fernando Silva Nieto no le favoreció con la candidatura del partido tricolor en 2003. Entonces sirvió como diputado estadual del sol azteca (2003-2006) y luego fue candidato de la izquierda potosina en 2009. Pero entre 2017 y 2020 fue magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa potosino –cargo al que debió ser nominado por el gobernador priísta Juan Manuel Carreras López. En otras palabras, su conversión es muy cercana y tal vez ha sido priísta relapso.
Aclaremos que los morenistas no podemos reclamarle mucho a Juan Ramiro Robledo Ruiz. Después de todo, nuestro partido nominó candidata a gobernadora potosina a la secretaria de Salud del priísta Carreras López en 2021. (Esa ciudadana terminó en prisión por corrupción y aceptó devolver parte del dinero que ilícitamente había obtenido en el gobierno.) Fue en esa elección de 2021 que Robledo Ruiz llegó con nuestro ticket a San Lázaro. Y allí, su prestigio administrativo lo llevó a presidir la Comisión de Puntos Constitucionales adonde está procesando el dictamen de la reforma judicial democrática.
Dice la voz popular que con estos bueyes hay que arar. En Tolkien esta sabiduría se dice de otra manera: Uno nunca sabe qué le queda por contribuir a un personaje sino hasta el final de la novela… así que no debemos ser excesivamente duros, pero tampoco hacernos ilusión.
Estemos atentos al contenido del dictamen.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/hay-algo-peor-que-un-abogado/
Liga 3:
https://www.youtube.com/watch?v=-G_yb4tBg3Q&t=15141s
Liga 4:
https://www.youtube.com/watch?v=3ahfeYktXWQ&t=9621s
Liga 5:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/07/asun_4376487_20220720_1658330632.pdf
