Israel López Monsivais
México se enfrenta a múltiples problemas: corrupción, desigualdad, economía, desempleo e inseguridad, sólo por mencionar algunos. San Luis Potosí está sumergido en una crisis social de intolerancia, discriminación e indiferencia con aquellos que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Las autoridades han sido omisas e incompetentes en el tema del matrimonio igualitario, estamos ante el peor escenario con posturas opositoras que llegan a las agresiones físicas y verbales contra el colectivo LGBTTTI.
El autoproclamado Consejo Coordinador Ciudadano (CCC), principal opositor ciudadano al matrimonio igualitario, organizó el pasado 6 del presente una marcha a favor de lo que ellos llaman “familia natural” y “matrimonio natural” (tales constructos sociales no existen y muchos menos jurídicos). Participaron ciudadanos, estudiantes de las universidades San Pablo y Vasco de Quiroga y feligreses manipulados por sectores de la Iglesia.
La manifestación inició en el jardín de Tequis cerca de las 16:45 y concluyó a las 18 horas en la plaza de Armas. Los integrantes del colectivo LGBTTTI decidieron manifestarse a la misma hora y lugar exigiendo respeto a los derechos humanos. Independientemente que elementos de Seguridad Pública protegieran a los defensores del matrimonio igualitario, algunos integrantes del CCC agredieron verbalmente e incluso amenazaron a uno de los líderes, Paul Ibarra Collazo.
El responsable de esta columna no asistió a la marcha, sin embargo, ante la urgencia de los reprobables hechos cometidos por el CCC me comuniqué con Ibarra Collazo y en un intercambio de mensajes me relató las agresiones iniciadas el día de la manifestación, las cuales continuaron en redes sociales a los integrantes del colectivo.
En concreto, la intención al incorporarse era hacerse visibles como personas, colectivo y familia. Asistieron lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, heterosexuales, madres, padres y hermanos conscientes. De manera pacífica el contingente realizó una caminata apartada de la manifestación del CCC. Por otro lado, algunos integrantes del CCC enfrentaron al contingente, incluso retando a golpes a Ibarra Collazo y despojándoles d una bandera LGBT.
Posteriormente, en la noche del sábado y el domingo, en las redes sociales del CCC atacaron, agredieron, discriminaron y amenazaron a Paul. Ante estos hechos Ibarra Collazo acudió a la CEEAV a interponer una denuncia de hechos y solicitó a la CEDH la activación del protocolo de protección a defensores de los derechos humanos.
En particular, la violencia homofóbica no se debe minimizar. Las autoridades deben proteger a los que luchan por el reconocimiento de los derechos humanos. En definitiva, es urgente que el Congreso local se ocupe de aprobar la legislación correspondiente a favor del matrimonio igualitario. Los derechos no se consultan, se otorgan.
Por definición, la Carta Magna protege y otorga los derechos humanos en su artículo primero, en este numeral habla claro sobre la discriminación: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
En efecto, el CCC debe respetar al colectivo LGBTTTI. Es un hecho el reconocimiento jurídico del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo en México como lo establecieron los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdadera batalla es contra la discriminación verbal y las agresiones físicas de los opositores. Por último, es necesario diseñar las políticas públicas por el respeto del colectivo y la inclusión a una sociedad plural y tolerante.
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