Guillermo Luévano Bustamante
Ayer y hoy se lleva a cabo en la ciudad de Tlaxcala, en la universidad estatal, el encuentro Diálogos de Tlaxcala 2016. Pensar los derechos humanos desde la Universidad, en donde los participantes hemos coincidido en un diagnóstico compartido: las universidades públicas están en crisis financieras, sus comunidades padecen ciertas vulneraciones específicas frente a las violencias generalizadas en el país, pero su estructura, su naturaleza, sus alcances, las colocan como espacios privilegiados/obligados para la remediación y los problemas que enfrentamos en la actualidad.
Suelo decir, cuando tengo oportunidad, que soy el más universitario. Y no sólo por mi adscripción laboral a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino porque creo en las funciones que realizan las instituciones públicas de educación superior en la solución de problemas científicos y sociales. Aunque mucho falta por ajustar en el modelo universitario mexicano para adecuarlo a estándares mínimos de derechos humanos, en las prácticas cotidianas de enseñanza, en la resolución pacífica de sus conflictos internos y externos, han de ser las comunidades universitarias las que vayan formulando las respuestas y soluciones a sus múltiples y cotidianos problemas.
En las mesas de discusión de este encuentro se apunta hacia la necesidad de que las universidades incorporen programas transversales de derechos humanos, que fortalezcan la formación integral en el campo, que generen espacios como consultorías jurídicas, clínicas de litigio estratégico, observatorios académicos, que generen o se adhieran a los posgrados de derechos humanos, que los mismos y las facultades de derecho en general, fomenten el pensamiento crítico, complejo, interdisciplinario y actual, que entienda y responda a los problemas contemporáneos, que forme profesionistas capaces de atender las nuevas formas de conflictos que hoy se viven. Pero sobre todo se destaca la necesidad de que las universidades contribuyan a la remediación del contexto generalizado de violencia e inseguridad, especialmente la cometida por los poderes políticos. Esta misión no es menor, y es muy digna.
Frente al proyecto de varias instituciones de impulsar posgrados en derechos humanos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta ya desde hace cuatro años con una Maestría en Derechos Humanos, que recientemente fue ascendida al nivel “consolidado” en el padrón del programa nacional de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este programa incorpora desde su inicio distintos enfoques y perspectivas críticas, desde la crítica jurídica, los estudios socioculturales de los derechos humanos, la interdisciplina, las descolonialidades, los feminismos, y además procura vincularse estrechamente con la sociedad civil, con las comunidades afectadas, con víctimas de violaciones, y a partir de la Clínica de Litigio Estratégico, pone en funcionamiento los abordajes teóricos y doctrinarios que en las aulas se discuten, y coadyuva con movimientos, colectividades y grupos vulnerados.
Falta mucho por hacer, pero en este encuentro y diálogos con pares y colegas que se dedican a la defensa y promoción de derechos humanos, se percibe un ánimo de ayudar, un cierto optimismo, que se sobrepone a la evidencia empírica, a los datos duros, que más bien sostendrían posiciones pesimistas, aún así sobrevive la esperanza.
@guillerluevano
