Renata Terrazas

La gestión de los recursos naturales es un tema que compete a la totalidad de las personas que habitamos este planeta. Decidir si se tala un bosque, modifica el cauce de un río o construye un proyecto de generación energética, no debe circunscribirse a un grupo reducido de personas que, en muchos casos, toman las decisiones basadas en el lucro.

La gestión de los recursos naturales debe pensarse desde el desarrollo sustentable, y éste sólo podrá lograrse cuando en la toma de decisiones estén incluidos una amplia gama de sectores, tanto de las comunidades afectadas, como de grupos de sociedad civil con perspectivas distintas a aquellos que buscan únicamente la ganancia económica.

Con la finalidad de lograr procesos abiertos y transparentes en la gestión de los recursos naturales y en la construcción de políticas que garanticen el derecho humano a un medio ambiente sano, en 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, diversos países de América Latina firmaron la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río).

Veinte años después, en 2012, y derivado de la Declaración, países de América Latina se comprometieron a avanzar en un acuerdo regional que trazara la ruta para la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales (implementación del Principio 10). En el entendido de que sin la garantía de estos derechos no puede existir una adecuada gobernanza de los recursos naturales, con la activa participación de la sociedad.

Desde entonces, y encabezado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se comenzó a elaborar un documento preliminar que sentara las bases para la implementación de los derechos mencionados. Para la construcción de este documento, se ha contado con la activa participación de diversos sectores de la sociedad civil de la región en las mesas de negociación de los gobiernos, con el objetivo de construir un documento colectivo, que concentre las diversas opiniones y robustezca la garantía de los derechos de acceso, participación y justicia ambiental.

La última reunión del comité de negociación, en la cual participaron representantes de los gobiernos signatarios, se llevó a cabo en octubre de 2015. El objetivo de dicha reunión era avanzar en el documento preliminar que la Cepal había construido y contar con las opiniones de los países para continuar con la negociación.

Cabe mencionar que para dicha reunión existía el compromiso de los gobiernos nacionales de realizar una amplia consulta al interior de las dependencias de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil; el resultado debía ser un documento consensuado y participativo.

Días antes de la reunión, los países harían públicas sus opiniones, consideraciones y postura sobre el documento. El objetivo de este ejercicio de apertura era poder tener la lectura de las opiniones de los diferentes países y avanzar de mejor forma en los acuerdos sobre el documento preliminar. En todo momento del proceso de negociación ha sido un eje el compromiso de los países de hacerlo de manera transparente e incluyente.

Algunos países así lo hicieron, no fue el caso de México. A la fecha, cinco meses después y con la siguiente reunión de negociación en puerta, México no sólo no ha hecho pública su postura, sino que reserva la información respecto a las opiniones de las dependencias y su postura final.

Diversas solicitudes de acceso a la información realizadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en donde se pide información sobre el proceso de consulta, han sido respondidas con la reserva de la información.

Es curioso que un documento internacional en donde existe el compromiso de ser construido de manera transparente y abierta, con la inclusión de la ciudadanía, y sobre el cual una multiplicidad de países han hecho pública su postura, sea reservado en México por ser un proceso deliberativo o de negociación internacional.

La verdad es que curioso no es, es cínico que el gobierno federal discuta un documento sobre acceso a la información y participación ciudadana a puertas cerradas y negando el acceso a las opiniones de las dependencias federales que permiten construir la postura de México.

Es verdad que se trata de un proceso deliberativo y de un proceso de negociación sobre un documento público, es decir, las causales de reserva corresponden a una realidad. Sin embargo, a la excepcionalidad de la reserva de información debe corresponder la prueba de daño, es decir, las autoridades deben decir cómo la apertura de información causaría un daño presente, probable y específico; cosa que no han logrado hacer, en primer lugar, porque todo el proceso de negociación internacional ha sido construido desde su publicidad, transparencia e inclusión.

Es absurdo pensar que la discusión de un documento que busca transparentar las decisiones en materia ambiental, garantizar el derecho de acceso a la información, promover la participación ciudadana y garantizar la justicia en temas ambientales, pueda ser reservada.

Con estas decisiones, tanto de la Semarnat y la SRE, como de las demás dependencias que formaron parte de la consulta, entre las cuales están la Secretaría de Energía y la Secretaría de Turismo, el gobierno federal evidencia, una vez más, la vacuidad en sus discursos de transparencia; abrirá información según le convenga, no como garantía de un derecho humano.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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