Guillermo Luévano Bustamante
El pasado 23 de septiembre rindió su primer informe anual de gestión el gobernador Juan Manuel Carreras López. Con la entrega al Congreso del Estado y con una ceremonia protocolaria cumplió con la obligación constitucional de compendiar los alcances de su administración.
En la ceremonia protocolaria se escuchó el Himno Nacional cantado en teenek. En los promocionales respectivos que se transmitieron en audio y video en estaciones de radio, televisión e internet eran frecuentes las imágenes del ciudadano gobernador acompañado de indígenas.
Algunas de las principales periodistas locales le inquirieron al titular del Poder Ejecutivo sobre la omisión en que incurrió al no realizar la consulta a que se refiere la Ley de Consulta Indígena de San Luis Potosí. En entrevista conjunta que hicieran Adriana Ochoa, Jaime Hernández y Armando Acosta al gobernador Carreras y publicada en el periódico Pulso el día del informe uno de los temas principales es la impugnación que recae sobre el Plan Estatal de Desarrollo. Lo mismo pudo apreciarse en la entrevista para radio y televisión que le hiciera la periodista Erika Salgado, el tema de la consulta se presenta como principal en el balance parcial del gobernador.
El entrevistado refiere que así como sucedieron los hechos, así tenía que ser: que como en la elaboración del Plan operan dos ordenamientos diferentes, Ley de Planeación y Ley de Consulta, no pueden observarse simultáneamente; sostiene además que lo que ha de consultarse es el Plan ya elaborado. Desconoce por completo que uno de los criterios de la consulta indígena, como derecho político fundamental de los pueblos y comunidades, es el carácter previo. Eso implica que no necesita un documento, como dice el Gobernador, sobre el cual ir a preguntar a las personas consultadas si lo validan o no. No, se trata de que las personas consultadas construyan el documento. O más bien, es altamente probable que el Dr. Carreras y su equipo cercano sí sepan de lo que se trata pero que ahora sostengan esta inverosímil versión con tal de no admitir su error o su deliberada exclusión. Quizá calcularon que no pasaría nada si no atendían una ley en materia indígena.
Apenas ayer aparecieron diversas notas periodísticas, en este diario y en otros medios, en las que se consigna además que el titular del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí sostiene que ya no hay conflictos en el Consejo Consultivo, que más aún, los consejeros que impugnaron la omisión del gobernador ya desistieron de su acción legal. Miente de nueva cuenta el funcionario y con ello busca confundir a la opinión pública, disminuir el peso de la responsabilidad del gobernador y el efecto jurídico y político que tendría una sentencia que les condene a la reposición del Plan de gobierno.
En juzgados federales, las autoridades señaladas como responsables en los juicios de amparo respecto a la omisión señalada, ofrecieron como prueba la convocatoria que publicó recientemente el Congreso Estatal para la Consulta Indígena. El documento ofrecido carece de formalidades mínimas legales en lo que respecta a ese derecho político, pero sobre todo constituye una confesión tácita de que no se hizo a tiempo lo que debió hacer el gobierno estatal. Sólo con ese elemento tendrían los jueces que conocen de la causa para conceder el amparo a los consejeros y autoridades indígenas tradicionales promoventes de los juicios.
Le urge al gobernador recomponer la relación con los pueblos y comunidades indígenas. O quizá sólo le urge hacer parecer ante la prensa que ese tema le importa.
@guillerluevano
