ABC, 17 años después

En su calidad de inquilino de Los Pinos, el espurio Felipe Calderón, su gabinete, su esposa y su parentela armaron un descarado cuan ilegal operativo de Estado para mantener impunes a los responsables directos (de la familia Zavala) del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora (5/06/2009), en el que perdieron la vida 49 niños y alrededor de cien resultaron con heridas graves). Pero, todo indica, 17 años después por fin llegó el momento de que aquellos paguen la factura.

La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo reseñó así: “Después de 17 años del incendio en la guardería ABC (subrogada por el IMSS a particulares), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son imprescriptibles los delitos cometidos en la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a 106 heridos, lo que abre la puerta al agente del Ministerio Público a investigar y perseguir a ex funcionarios vinculados con los hechos. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concluyó que el incendio y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia, por lo que la acción penal derivada de esos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo. Se concluye que, en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos, como el caso guardería ABC”.

Extremadamente lenta, como suele ser la impartición de justicia, pero, 17 años después todo apunta a que, por fin, se acabó la impunidad de la familia Zavala y la garantía que a ésta le concedió Felipe Calderón, junto con su gabinete, por medio de un operativo de Estado y con la venía de la mayoría de los entonces integrantes de la SCJN, quienes cedieron a las amenazas directamente transmitidas por el secretario calderonista de Gobernación, Fernando Gómez Mont (a la par abogado corporativo de otro impune, el tóxico Germán Larrea), para que actuaran en contra de las víctimas y los padres de familia. En febrero de 2022 lo denunció el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar: “Felipe Calderón maniobró para dejar impune el caso de la guardería ABC; hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009”, y describió una “ríspida visita” del citado Gómez Mont: “me presionó para que cambiara el proyecto de sentencia, en el que señalo las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala (la dueña de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, es familiar de la hoy diputada panista y fue señalada en la investigación como responsable de incurrir en omisiones que facilitaron la tragedia); el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, y en un momento me advierte: ‘dice el presidente (Calderón) que no te apoyamos para esto’. Y le contesté: ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’… Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.

Una vez hecha pública la amenaza al entonces presidente de la SCJN, Gómez Mont cínicamente aseguró que dicha “visita” fue “una acción de buena fe, sin vergüenza, y no para litigar en contra de los padres de las víctimas; no fuimos a defender a nadie”, una “cortesía” que hizo extensiva a los demás ministros, quienes solícitamente se agacharon frente al entonces secretario calderonista de Gobernación. Entonces, lentitud exasperante, sí, pero, ¿qué procede tras la histórica decisión de la SCJN? De entrada, no más impunidad para todos los responsables que cometieron y/ o encubrieron el delito de lesa humanidad contra niños indefensos y sus padres a quienes, desde el Estado, les han negado justicia a largo de 17 años.

Las rebanadas del pastel

Cápsula de memoria: “nadie irá a prisión por el caso de la guardería ABC”, ordenó el entonces procurador general de “Justicia”, el impresentable Eduardo Medina Mora. Y a Calderón y la familia Zavala les cumplió a cabalidad, como lo hicieron sus sucesores. De premio, Borolas lo designó embajador de México en el Reino Unido. Ignominioso.

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