Jaime Nava
Por alguna razón al gobierno del estado le parece bien ceder un terreno de cuatro mil metros cuadrados a su sindicato consentido para que se construyan un centro recreativo. El oficial mayor, Elías Pesina Rodríguez, argumentó que el acuerdo no es ilegal y, aunque no lo dijo, tampoco es necesario ni benéfico para el resto de la población que seguramente terminará pagando por el terreno y por lo que sobre él se edifique.
Como si las finanzas pudieran ser usadas para cumplir un capricho sindical aún no saben si el terreno va a ser comprado o elegido de entre las propiedades que conforman el patrimonio del estado para finalmente beneficiar a la ex diputada priísta Bernardina Lara Argüelles, quien desde hace 24 años se ostenta como lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).
¿Quién se queda con los 100 mil pesos mensuales que el gobierno de Carreras le paga al SUTSGE? ¿Si los sindicatos cobran cuotas a sus agremiados por qué tienen que pagarles más de 100 mil pesos? ¿Por qué ese dinero no se ha utilizado para comprar el terreno que esperan les preste, ceda o regale el gobierno estatal? Casi 400 mil pesos mensuales reparten entre distintos sindicatos; sin embargo, siendo el SUTSGE el sindicato de mayoría los funcionarios se someten voluntariamente a las pretensiones de Lara Argüelles, al fin y al cabo todo queda entre priístas ¿no?
Como regalar lo ajeno no es plausible, Juan Manuel Carreras y sus funcionarios pedirán prestado su escudo retórico al ayuntamiento de la capital y con él se defenderán de las críticas argumentando que la culpa la tienen las administraciones anteriores por acostumbrar a los sindicatos a recibir miles de pesos mensuales o por pactar desde antes la entrega de terrenos.
Funcionarios estatales y Bernardina Lara se encuentran negociando supuestos beneficios para los burócratas; no obstante, lejos de solucionar los viejos problemas que padecen sus agremiados a Lara Argüelles le importa más despojar a los potosinos de un bien inmueble. Ejemplo del desinterés del SUTSGE por los trabajadores es el abandono en el que se encuentran poco más de 400 empleados de las casas de asistencia del DIF a quienes desde 2014 les retienen un porcentaje mayor sobre prestaciones.
Olvida Bernardina Lara que a quienes trabajan en los albergues Rafael Nieto, Nicolás Aguilar, Rosario Castellanos, Casa Cuna, Ebenezer, el Instituto Estatal de Ciegos y el Instituto Temazcalli no les interesa –ni usarán– el terreno que pretende obtener sino el salario que desde hace dos años están dejando de percibir sin que ella, como negociadora mayoritaria, haya mostrado la mínima preocupación para detener esos cobros.
En lugar de aprovechar la corta mira de una lideresa sindical que no defiende los bolsillos de quienes sí llenan los suyos con las cuotas que pagan, el gobierno del estado le da largas a los trabajadores que acuden a preguntar cuándo van a dejar de cobrarles el impuesto a sus prestaciones. “No hay recursos”, “a principios del 2017”, “ya mero”, aseguran que son las respuestas que reciben mientras tanto siguen fuera de la negociación, siguen siendo afectados y siguen –seguimos– sin saber en qué se gastaron, los de antes y los que hoy gobiernan, el dinero retenido a los trabajadores. ¿Dónde está?
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@JaimeNavaN
