Jorge Carrillo Olea
Si tomamos como punto de partida la situación observable en agosto de 2026, el escenario central para México alrededor de las elecciones de 2027, el principal riesgo estará en la interacción entre competencia electoral, crimen organizado, conflictos internos de los partidos y disputa por las instituciones electorales.
En ello:
1. La política interna: es una elección secuencial, no de cambio de régimen. La elección de 2027 será, en buena medida, un referendo sobre los primeros tres años del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque formalmente no se vote la Presidencia.
Destacan cinco características:
1. Morena seguirá siendo el partido dominante.
Morena partirá con una ventaja considerable por su estructura territorial, Presidencia, mayoría legislativa y gobiernos estatales.
La cuestión decisiva será si puede conservar la ventaja sin fracturarse. El problema ya está apareciendo en la selección de candidatos: hay competencia muy fuerte entre aspirantes. Por tanto, el mayor riesgo electoral para Morena no es inicialmente la oposición: es la división interna.
2. La oposición llegará debilitada, pero con posibilidades de recuperación.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tendrán que decidir si compiten separados o construyen alianzas electorales pragmáticas. La oposición no necesita ganar nacionalmente para modificar el equilibrio político. Le bastaría con recuperar algunas gubernaturas, aumentar significativamente su representación en la Cámara de Diputados. Eso podría cambiar radicalmente la atmósfera política de la segunda mitad del sexenio.
3. El factor que se considera más delicado: seguridad y elecciones. Aquí está el principal punto de preocupación.
La violencia criminal está adquiriendo una característica especialmente peligrosa para 2027. El crimen organizado no necesita controlar una elección nacional: le basta con controlar o condicionar elecciones locales.
En regiones determinadas, el crimen puede intentar decidir quién puede ser candidato, intimidar a candidatos, financiar campañas, amenazar operadores políticos, controlar presidentes municipales, influir sobre policías locales, imponer candidatos, utilizar la extorsión como mecanismo de control económico y político.
Ya se manifiestan señales de este fenómeno. Un análisis reciente registra 51 atentados contra políticos en 2026 y advierte que más de 20 mil cargos estarán sujetos a elección en 2027.
4. El mapa de riesgo será muy desigual, no se ve una “violencia electoral nacional”.
Hay algo más complejo: zonas de alto riesgo, principalmente estados y regiones donde coincidan crimen organizado + economías ilícitas + gobiernos municipales débiles + competencia política cerrada.
Entre los focos que deben vigilarse especialmente están Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, partes de Jalisco, algunas zonas de Veracruz y Chiapas.
El caso de Zacatecas es particularmente ilustrativo: la violencia reciente ha tenido consecuencias políticas, porque existen indicios de penetración criminal en actividades económicas y estructuras locales. ¿Por qué? Porque permiten al crimen organizado convertirse en una especie de poder paraestatal local.
El caso del aguacate en Michoacán muestra precisamente cómo la extorsión puede convertirse en un mecanismo de control económico y territorial.
6. La Guardia Nacional y las fuerzas armadas tendrán un papel central. Al acercarse 2027 aumentará la presión para que el gobierno federal garantice: seguridad de candidatos + seguridad de casillas + seguridad de electores + seguridad del traslado de materiales electorales.
Pero existe un dilema: demasiada presencia militar puede ser interpretada como militarización electoral; demasiado poca puede dejar espacios al crimen organizado.
7. Otro conflicto importante será INE-gobierno. El proceso electoral también tendrá una dimensión institucional.
Por ello es probable una nueva disputa alrededor del presupuesto del INE, financiamiento de partidos, reglas de campaña, fiscalización, medios de comunicación, encuestas, redes sociales, propaganda gubernamental, independencia de las autoridades electorales.
Este conflicto puede ser más importante políticamente que la propia campaña.
8. El gran campo de batalla será la legitimidad.
En 2027 habrá dos narrativas enfrentadas. Morena dirá: “La transformación continúa y la seguridad está mejorando”. La reducción de homicidios será uno de sus principales argumentos.
La oposición dirá: “Hay reducción estadística de homicidios, pero persisten crimen organizado, extorsión, desapariciones, corrupción y captura de gobiernos locales”.
Además, existe ya una controversia sobre las cifras de homicidios: recientemente se han señalado diferencias importantes entre registros del Inegi y del SESNSP.
9. El escenario previsible puede anunciarse así:
Para lo que resta de 2026, ¿cómo resolverá la Presidenta el enredo de Sinaloa y efectos?
Para 2027, la hipótesis central sería una elección nacional políticamente competida pero territorialmente muy desigual, en la que el gobierno federal llegará con mejores cifras de homicidio, mientras el crimen organizado seguirá conservando capacidad para interferir en determinados procesos locales; no es de esperarse una desestabilización generalizada del país. Son predecibles “islas de violencia político-criminal” que pueden tener enorme repercusión nacional.
Una cuestión estratégica: si se está pensando desde la perspectiva de gobernabilidad y seguridad nacional, sería prudente separar el análisis de 2027 en tres escenarios: optimista, central y crítico, y construir una matriz de riesgos estado por estado, incluyendo 17 gubernaturas, municipios estratégicos, crimen organizado, violencia política y capacidad de respuesta de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, fiscalías y policías estatales. Pero, ¿quién lo hará?
