Federico Anaya Gallardo
La tragedia del 27 de marzo de 2023 en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en la que perdieron la vida –quemadas y asfixiadas– 40 personas, volvió a poner al centro del debate la política migratoria de México. La estación dependía del Instituto Nacional de Migración (INAMI o INM). De modo inmediato, Rocío Gallegos de La Verdad de Ciudad Juárez (de la alianza de medios de PiédePágina) reportó en Momentum que buena parte de las personas detenidas en esa estación eran migrantes deportados por los Estados Unidos de América y que estaban allí esperando que México, a su vez, los deportase a sus países de origen. (Liga 1, minutos 2:45:00 a 3:00:00.)
Más adelante nos hemos enterado de que las autoridades municipales de Juárez, cuyo ayuntamiento preside el morenista Cruz Pérez Cuéllar, habían presionado para que se “limpiasen” las calles de la ciudad fronteriza de los migrantes que pedían limosna, limpiaban parabrisas y se manifestaban exigiendo sus derechos. El mismo superdelegado de Bienestar en el Estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, declaró que el alcalde creó un ambiente xenófobo que llevó a detenciones innecesarias. (Liga 2.) De hecho, dos semanas antes, el 12 de marzo de 2023, cientos de migrantes, mujeres, niños y hombres interrumpieron por seis horas el tránsito en el puente internacional Paso del Norte. (Liga 3.) Este evento recrudeció la xenofobia. El País reportó (Liga 4) que el presidente municipal Pérez Cuéllar había declarado: “nuestra paciencia se acaba” y que el mismo día de la tragedia el gobierno estatal había reportado que “71 migrantes [fueron] retirados de las calles por presuntos disturbios”. Las detenciones, de acuerdo al medio español “se dieron a la salida de hospitales, dentro de tiendas de alimentos, a las puertas de estancias gubernamentales, en las calzadas y también cerca del muro fronterizo que … separa [Ciudad Juárez] de El Paso”. Todos fueron llevados, sin una explicación clara, a la estación migratoria en que ocurrió el incendio.
Todomundo se ha escandalizado porque, después de la tragedia, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández haya aclarado que a él no le correspondía la política migratoria –sino al canciller Marcelo Ebrard Causabón. Esto cayó como bomba en la opinión pública.
En la entrega del 28 de marzo de 2023 de Diez-al-cierre, el espacio informativo de SinEmbargo especializado en noticias de los estados, Pedro Mellado repasó la normatividad y señaló que López Hernández no podía desconocer su responsabilidad. (Liga 5.) Efectivamente, el Artículo 27 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) dice, con toda claridad, que corresponde a Segob “formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana”. Citando esta norma, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela fulminaron a López Hernández en su programa Los Periodistas del mismo 28 de marzo. (Liga 6.) Delgado señaló que “la responsabilidad jurídica es intransferible” y que correspondía a Gobernación y no a Relaciones Exteriores. Suena bien, pero no es necesariamente cierto.
Los Periodistas también señalaron que la disputa sobre la responsabilidad de la tragedia era politiquería y que debía interpretarse en contexto de la carrera por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Tienen razón. Esta última coyuntura fue la que hizo desesperar a los dos secretarios involucrados en la disputa de las responsabilidades.
Yo agregaría aquí lo que comentó Alejandro Almazán en Momentum el 29 de marzo de 2023 (Liga 7, minutos 3:13:00 & ss.) acerca de “la indolencia” de Ebrard quien siguió tomándose fotografías con Samuel García en el lugar adonde se construirá la megafábrica de Tesla en lugar de apersonarse en Juárez. Almazán señaló que no es la primera vez que vemos esta actitud en Ebrard. Igual le faltó empatía y decisión durante el linchamiento de policías federales en Tláhuac en 2004.
Ahora bien, casi nadie ha discutido por qué es que Adán Augusto y Marcelo pueden echarse mutuamente la culpa. Ya vimos que la LOAPF da a la Segob la atribución original en la materia; pero la prensa ha reportado que, desde el 19 de septiembre de 2019, existe el Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. (Liga 8.) Esta comisión nace de otra norma de la LOAPF, el Artículo 21, que autoriza la creación de comisiones. En los “considerandos” del decreto se subrayaron los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y el carácter internacional de la movilidad humana. Por ello es que la comisión intersecretarial está “presidida y coordinada por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en sus ausencias será suplido por el Titular de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe o por el servidor público que al efecto designe” (Artículo 2 del Decreto). El secretario de Gobernación, aunque se menciona el primero entre los integrantes, es sólo parte de la comisión. En otras palabras, la comisión altera sustancialmente el orden de responsabilidades porque crea, sobre la Segob, un ente (la comisión) que le coordina.
Este Decreto surgió del “triunfo” de Ebrard en su negociación con la Administración Trump en Washington, D.C. en aquel año de 2019.
Recordemos la historia completa.
Primero, la Administración López Obrador había establecido en diciembre de 2018 una nueva política migratoria frente a las caravanas migrantes que se habían organizado para defender a los cientos de personas que ingresaban a México por el sureste buscando llegar a la frontera norte. Al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se nombró a Alejandro Encinas Rodríguez y este compañero (que nos ha demostrado su valía en los casos de Iguala y la Guerra Sucia) nombró a un académico reconocido y razonable, Tonatiuh Guillén López al frente del INM. Porque el INM depende de esa subsecretaría de Gobernación. La nueva política era facilitar el tránsito, humanizar el trato, permitir que más personas buscasen la calidad de refugiada o de asilada política. Se trataba de normalizar la estancia migratoria para rescatar a las y los migrantes de las manos de la delincuencia organizada. Se trataba de contener (y aprovechar) la presencia de esa población móvil a través de los mega-proyectos en el sureste. Es más, los programas sociales mexicanos se ampliarían a Centroamérica.
Segundo, la Administración Trump amenazó con imponer tarifas a los productos que México exportaba a EUA si continuaba esa nueva política migratoria de facilitación. El canciller Ebrard voló a Washington de inmediato. Negoció y logró que Trump retirase su amenaza. Pero a cambio, México movilizó a la recientemente creada Guardia Nacional al sureste para contener las caravanas de migrantes y se redujeron las expectativas de la política humanitaria planteada por el obradorismo. Y, como cereza del pastel en ese arreglo, Tonatiuh Guillén López fue sustituido por Francisco Garduño Yáñez en el INM.
Todomundo interpretó lo anterior como un triunfo administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores –puesto que quien apoyó la elevación de Garduño fue el canciller. En la eterna turf war (guerra de posiciones burocráticas), Ebrard había vencido a Encinas e impuesto su comando en el INM. El Decreto del 19 de septiembre de 2019 sólo formalizó esa victoria política.
Creo que debemos agradecer a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero –desde siempre y para siempre una abogada formalista– que la victoria política del canciller se haya concretizado en una comisión intersecretarial. No es baladí. Estas comisiones están previstas en la LOAPF y permiten al Poder Ejecutivo reorganizar, para temas concretos y en coyunturas específicas, su gabinete. En mi opinión, la responsabilidad jurídica de la política migratoria, quedó en la Cancillería desde que Ebrard ganó sus dos partidas (una en Washington, otra en México). Él es el titular de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria.
Por lo mismo, es Ebrard quien debe responder por qué México no mejoró las instalaciones (siendo que él aceptó recibir a deportados de EUA). Es Ebrard quien debía –a través de la Comisión puesta en sus manos– supervisar el trato y atención que se da a los migrantes detenidos (siendo que su victoria burocrática significó reducir el acceso a trámites de refugio y asilo). Es Ebrard quien debía socializar el trato humanitario con los presidentes municipales de la Frontera Norte (siendo que él fue quien negoció las condiciones en que EUA retorna a México a los migrantes centro y sudamericanos). Y un largo y terrible etcétera.
Por eso titulé este comentario Cuídate de lo que deseas… porque te será concedido. La victoria diplomática de Ebrard frente al amenazante Trump en 2019 le dio mucho prestigio y le permitió arrebatar de las manos de Encinas un tema de agenda muy importante. En los mentideros de la capital federal los políticos de la vieja escuela lo admiraban y sonreían condescendientes ante el fracaso de la dupla Encinas-Guillén. La creación de la Comisión dejó al subsecretario de Derechos Humanos marginado y sin capacidad de dictar políticas –¡por eso es que Guillén se fue! Pero entonces, Ebrard debió hacer mucho mejor su tarea. La tragedia de Ciudad Juárez demuestra que no estuvo a la altura de sus propios deseos, ni de sus victorias burocráticas. 40 personas –entre las decenas de miles que sufren el viacrucis migrante en México– han pagado con sus vidas por ello.
Ligas usadas:
Liga 1:
https://www.youtube.com/watch?v=6LDYcUXdGt4&t=1461s
Liga 5:
https://www.youtube.com/watch?v=HruDGmqfhI4
Liga 6:
https://www.youtube.com/watch?v=Pxbi_ACdX5w
Liga 7:
https://www.youtube.com/watch?v=-bYI5cu2GuE
Liga 8:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5572790&fecha=19/09/2019#gsc.tab=0
