Carlos López Torres
Ante el recurrente aumento de los hechos delictivos que cotidianamente se presentan a lo largo y ancho de la entidad, el delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, insiste en convencernos con el clásico sí, pero no, sino todo lo contrario, de que San Luis Potosí no tiene aún los focos rojos encendidos en materia de inseguridad.
Desde su cómoda oficina el funcionario federal pontifica: San Luis no se encuentra entre las entidades con focos rojos, aunque tampoco se pueden minimizar las situaciones que recientemente se han presentado. O sea, ni focos rojos ni verdes, sino todo lo contrario en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el ciudadano de a pie, al que no se le asignan escoltas ni tiene para pagar guaruras, le queda muy claro porque cotidianamente lo vive, que ante la incesante ola de hechos delincuenciales el desempeño de los sucesivos gobernantes ha adolecido de inteligencia e imaginación, como ha sido durante los 10 años de la guerra perdida contra el crimen organizado y la delincuencia en general, decretada por el gobierno de Calderón y continuada al pie de la letra por Peña Nieto.
El escalamiento de la violencia con la culminación de secuestros, asaltos a mano armada, aumento del pandillerismo armado, las ejecuciones casi cotidianas, las balaceras y otras modalidades del delito como los feminicidios y las desapariciones de personas, independientemente del daltonismo interesado de los gobernantes, tiene que asumirse con creatividad y sobre todo responsabilidad por la autoridad competente en lugar de la recurrencia al discurso fácil y embaucador.
El consumo de drogas en la entidad, según datos proporcionados por los organismos dedicados al análisis de tales comportamientos, no sólo ha aumentado entre los jóvenes potosinos, sino que entre los niños existe ya un consumo importante. El mercado de estupefacientes en disputa es un hecho desde el sexenio de Marcelo de los Santos.
Los focos rojos están encendidos desde entonces con sus derivaciones delincuenciales y la corrupción que corroe no sólo a los encargados de garantizar la seguridad, sino a los mismos funcionarios. ¿Qué otras cosas tienen que ocurrir para que se haga caso al clamor popular que exige atención inmediata del problema de la inseguridad en el estado?
Dice el funcionario de la Segob en el estado: “pareciera que no se atienden las medidas de prevención y seguridad, pero en esta situación ya se está trabajando por parte del gobierno estatal”. ¿Será?
