Carlos López Torres
Descompuesto, muy descompuesto se encuentra el entramado institucional, cuyos rechinidos se hacen cada vez más fuertes y constantes, por más que los altos burócratas y sus jefes pretendan medio aceitar y barnizar, con tal de que no trasciendan las causas que han originado tal desbarajuste.
No hay día, a reserva de conocer los resultados de la revisión de las cuentas públicas, en que los expectantes ciudadanos no nos levantemos con las consabidas noticias relacionadas al incumplimiento del ejercicio de cualquier funcionario público, de cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno, en detrimento de los intereses mayoritarios.
No sólo eso, sino que el faltar de la autoridad generalmente se hace violentando derechos, leyes y reglamentos que, lejos de reconocerse, se busca justificar mediante todo tipo de estratagemas y pretextos, con la consabida promesa de mejorar el desempeño institucional mediante la amonestación de los responsables, finalmente defendidos por sus jefes, compañeros de partido, etcétera.
Aunque el viejo adagio popular reza: lo que es igual para todos no es ventajoso para ninguno, lo cierto es que nunca que uno sepa, menos en estos tiempos en que una minoría se apropia de la inmensa riqueza creada por todos, se ha visto ya no digamos una verdadera justicia social, sino el cumplimiento de la ley en materia de derechos sociales de las marginadas comunidades urbanas y rurales, respectivamente.
Lo que sí es real, es que los encargados de administrar el erario, los responsables de la puesta en práctica de las políticas públicas por medio de las debilitadas instituciones, generalmente gozan de privilegios, canonjías e impunidad cuando en arca abierta pecan una y otra vez, o se exceden en sus funciones.
No deja de ser significativo, por ejemplo, que apenas a unos días de que el gobernador Carreras López a toda prisa deslizara su convencimiento sobre el buen desempeño de las policías estatales, estas dieran muestras de que no merecen confianza alguna del titular del Ejecutivo, ni de los ciudadanos, por su involucramiento en las afueras de estadio Lastras, haciendo patente que gozan de cierto fuero no obstante los señalamientos constantes de infinidad de afectados, quienes de tarde en tarde se ven obligados a recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ante la tardanza de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el esclarecimiento de los hechos donde se vieron involucrados algunos elementos de la policía estatal, no deja de ser importante el punto de acuerdo votado mayoritariamente por el pleno del Legislativo a propuesta de la diputada Josefina Salazar Báez, presidenta de la directiva, exhortando al procurador Garza Herrera para que rinda públicamente un informe detallado y justificado de los hechos ocurridos el pasado sábado 30 de enero en el estadio Lastras Ramírez.
Un exhorto similar debiera hacerse al alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quien con el pretexto de que “no vengo a echar pleito con nadie”, incumple con la ley y permite que incumpla Aguas del Poniente con el millonario adeudo de 35 millones de pesos a Interapas, que desde hace años con el consentimiento de las no menos incumplidas administraciones anteriores, ha acumulado en detrimento de los ingresos municipales, sin que el Cabildo tome cartas en el asunto. ¿Y la responsabilidad oficial tipificada en la ley?
