Carlos López Torres
Aunque los electores ya dieron su veredicto en las urnas, al interrumpir las pretensiones de los tricolores de alzarse consecutivamente por tercera ocasión como gobernantes en la demarcación municipal, en el ámbito de la rezagada investigación por supuesto saqueo del erario por parte de los antecesores de Ricardo Gallardo Juárez, pareciera que la puesta del dedo en la llaga sobre la responsabilidad de algunos de los ex funcionarios del partido del gobierno en las pasadas administraciones municipales, ha puesto a la orden del día los temas de la corrupción y la impunidad, así como el del funcionamiento de las instituciones, respectivamente.
En tanto el priísta Miguel Naya da por hecho el saqueo de la administración municipal presidida por la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre y algunos funcionarios de primer nivel de esa nefasta gestión, sin mayores argumentos el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el profesor Martín Juárez, pretende descalificar las investigaciones hechas por la Contraloría del ayuntamiento capitalino, sobre el caso de las dos administraciones que le antecedieron.
Mientras el ex regidor Naya Guerrero insiste en que se castigue a los altos funcionarios de la administración labastidista, de cuyas “averiguaciones previas penales nada se sabe”, reclama el ex edil, el presidente formal del PRI en el estado sale en defensa de los dos ex alcaldes miembros de su partido investigados como responsables del desastre financiero capitalino, junto con algunos de sus colaboradores más cercanos, todos ellos del partido que usa los tres colores de la Bandera, con el argumento de en caso de que la información sea tendenciosa y sólo para desprestigiar, como si aún no estuvieran suficientemente desprestigiados, reclamará de inmediato.
La evidente partidización que atraviesa el caso en comento, que ha afectado profundamente a la ciudadanía de la demarcación municipal, quien finalmente ha tenido que sufrir las consecuencias mientras la de por sí la debilitada institucionalidad ha cedido terreno a las pugnas entre los institutos políticos y sus dueños.
¿En quien confiar? ¿En la Auditoría Superior del Estado?, entidad que anda de cabeza y en la que no confían ni los diputados que tanto la cuestionan, aunque le toleran sus escándalos.
¿En la Procuraduría General de Justicia del Estado?, dependencia del Ejecutivo que, efectivamente, como señala Miguel Naya, se ha visto por lo menos demasiada lenta y opaca en el tratamiento del bochornoso caso, que no sólo ha desencadenado un proceso de empeoramiento en el bienestar de los habitantes de la capital, sino en la práctica ha dado pie a una eventual polarización partidista en el tratamiento de las consecuencias dejadas por el ejercicio arbitrario y corrupto del poder, incapaz de ser reconocido por el instituto político que aspira a eternizarse en el poder. Sólo faltaría el consabido arreglo de las partes en lo oscurito.
