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Julio Hernández López

No resulta convincente Ricardo Anaya Cortés en su renovado papel de mártir político. Tono, gesticulación y libreto son excesivos, insostenibles y oportunistas. Tal vez la falla principal está en el contraste obligado entre la actitud retadora que asume el exdirigente panista y su decisión de abandonar la zona de combate para irse a residir a otro país.

“No huyo, no me escondo, doy la cara”, postula y, al mismo tiempo, trata de justificar su decisión de no enfrentar las diligencias judiciales que de manera consecuente se desprenden del hecho documentado de que está entre los nombres señalados por Emilio Lozoya (igualmente indefendible y emblemáticamente corrupto) en las tramas de entrega de dinero a cambio de voluntades políticas para aprobar o tolerar actos de corrupción.

Resultan también forzados los presuntos móviles de las acciones judiciales en su contra. Asegura Anaya Cortés que se busca quitarle desde ahora sus derechos políticos para impedirle que sea candidato presidencial opositor en 2024 y para que no siga haciendo videos con críticas al presidente López Obrador y a la llamada 4T.

En realidad, Anaya Cortés no perdería sus derechos políticos por acudir este jueves al Reclusorio Norte, donde se asientan oficinas de juzgados federales, para cumplir con un citatorio a declarar. Tampoco si fuera declarado sujeto a proceso y encarcelado sino, en dado caso, hasta que una sentencia condenatoria se produjera, lo cual puede llevar cuando menos un par de años. También peca de optimista el panista al dar por descontado que su partido lo designará abanderado presidencial en 2024: su caso reciente ha concitado apoyos tuiteros y retóricos, pero Anaya no goza de especial estima política entre sus correligionarios.

En ese contexto, la huida y los falsos móviles en su contra desproveen de cualquier legitimidad a la pretensión de declararse perseguido político. Hay un señalamiento judicial en su contra, en el expediente de Emilio Lozoya (insolentemente libre, virtualmente impune hasta ahora, sin pisar siquiera una cárcel) y aun cuando con Peña Nieto se negoció o consiguió un perdón a dos días de terminar ese sexenio priista, sigue presente el caso de la nave industrial de Querétaro, vendida a notable sobreprecio para triangular decenas de millones de pesos para beneficio de Anaya y sus familiares.

En otro tema: Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer a comer en Palacio Nacional con los presidentes de dos grupos mediáticos: el regiomontano Francisco González Sánchez, de Milenio y Multimedios, y el financiero francés (con ascendencia armenia, libanesa e inglesa) Joseph Oughourlian de Prisa, consorcio editor del diario El País. Platicaron “de manera franca y cordial”, según tuiteó el anfitrión, quien en varias de sus matutinas conferencias de prensa se ha referido de manera crítica a los contenidos de ambas publicaciones. Seguramente el presidente de México abundará, en la Mañanera de hoy, en la razón de esta especial entrevista.

La conformación ya oficializada de la próxima cámara de diputados muestra a Morena y sus aliados (el Partido del Trabajo y el de las cuatro mentiras, PVEM) con 278 curules, a sus opositores seguros (PAN, PRI y PRD) con 199 y al zigzagueante Movimiento Ciudadano (con Dante Delgado y Enrique Alfaro jalando para diversos lados) con 23 que podrían ser definitorios a la hora de las mayorías calificadas para reformas constitucionales.

Astillas: Ha pedido dos semanas más de espera la empresa noruega que había prometido entregar ayer su informe sobre las causas de la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro. ¿Andarán buscando más soldadores, a los cuales culpar centralmente?… Han llegado al Banco de México los 12,117 millones de dólares, procedentes del Fondo Monetario Internacional, que de antemano han provocado divergencias de criterio, respecto a su uso, entre Palacio Nacional y funcionarios del citado banco central… ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.