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  • Tortura, montajes y descomposición
  • Gogorrón: “una tragedia ambiental”
  • Mexitel-SRE: acaparamiento y corrupción

Julio Hernández López

La detención de Marisela García Toledo, quien fue suboficial de la Policía Federal en etapas de la docena trágica de panistas en Los Pinos, remacha los clavos de culpabilidad de Genaro García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, en las historias de fabricación de culpables, montaje de presuntos éxitos y la tortura como método usual de tratamiento a quienes caían en manos de ese grupo de criminales con nombramiento oficial, que adquirieron máxima relevancia durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Además de añadir elementos de prueba sobre los actos de salvajismo cometidos contra familiares de Israel Vallarta, quien irónicamente sigue en la cárcel, las declaraciones de la detenida García Toledo constituyen una confirmación del cuadro de descomposición institucional que se vivió durante ese calderonismo.

A partir de 1936, con el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República, el ejido Estancia de Machado, en el municipio potosino de Villa de Reyes, fue dotado de 1448 hectáreas.

Ochenta años después, ejidatarios que ya se habían comprometido a vender 642 hectáreas a fraccionadores del grupo Habi firmaron en demanda de un juicio de amparo (en el expediente 1214/2016), para anular en su totalidad el Plan de Manejo de Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional Gogorrón.

Ahora, una autoridad judicial ha ordenado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores, que excluya de protección ecológica las 1448 hectáreas originales, de la dotación cardenista, lo cual debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. En la ruta anterior y actual rumbo al triunfo de las inmobiliarias para hacerse de terrenos que deberían ser protegidos por razones ecológicas, se han conjugado errores, tardanzas e insuficiencias defensivas, intencionales o no, de autoridades de los niveles federal, estatal y municipal.

A partir de lo que sucederá en cuanto a Estancia de Machado se abre la puerta para que otros ejidatarios, incentivados por empresas inmobiliarias, consigan “triunfos” judiciales similares y se pueda llenar de desarrollos residenciales y comerciales el citado Parque Nacional Gogorrón, que consta de 38 mil suculentas hectáreas.

Desde el pasado 1 de marzo, la dirección de asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano desconcentrado de la Semarnat, ha informado que todo está listo para dejar sin protección las 1448 hectáreas mencionadas. Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, que es un caso aparte, aseguran que lo de Estancia de Machado es “una tragedia ambiental” que marcará la gestión de la llamada 4T en la materia (entrevista con el abogado y ambientalista Carlos Covarrubias, https://bit.ly/3AS7yKY  ).

Desde Chicago, donde se ha dedicado a defender causas de trabajadores, Jorge Mújica ha hecho eco a las denuncias de mexicanos en Estados Unidos que aseguran que hay acaparamiento y corrupción en el servicio Mexitel, concesionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a una empresa particular para gestionar por vía electrónica citas en consulados mexicanos para la realización de diversos trámites. Hay páginas de Facebook en la que se anuncian “gestores de citas en Mexitel”, en algunos casos ofreciéndolas a cambio de 150 dólares. Mújica aseguró que este fin de semana habrá protestas por este tema en algunas ciudades del vecino país y, en otros lugares, se entregarán cartas de denuncia en los consulados (https://bit.ly/3APTJN5 ). La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, bien haría en revisar a fondo este asunto.

Y, mientras el presidente de México ha mostrado fotográficamente que solo hay una persona que le toma el pelo, la cual es justamente su peluquero, ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.