Rosa Miriam Elizalde
En política internacional las guerras rara vez comienzan con un disparo. Arrancan con filtraciones cuidadosamente dosificadas, titulares alarmistas, informes de inteligencia, expedientes judiciales y operaciones narrativas destinadas a transformar a un adversario político en una amenaza existencial.
Durante semanas, medios como Axios y Politico han ido desplazando gradualmente el encuadre narrativo sobre Cuba a partir de filtraciones directas del Departamento de Estado. La isla ya no aparece únicamente como un país golpeado por la crisis económica, el bloqueo o las dificultades energéticas. Ahora es presentada como una amenaza estratégica, con supuesta capacidad de inteligencia hostil, cooperación militar, drones y potencial ofensivo contra Estados Unidos.
Entre un exabrupto de Donald Trump hoy y otro de Marco Rubio al día siguiente, ha emergido un nuevo elemento particularmente sensible: la apertura de un expediente judicial contra Raúl Castro, símbolo guerrillero de la revolución cubana, a quien acusan ahora del derribo, en 1996, de dos avionetas Cessna 337, propiedad de Hermanos al Rescate. El Departamento de Justicia, que incluyó junto al nombre de Raúl el de otros cinco cubanos, repite el patrón ya utilizado contra Nicolás Maduro.
El caso de las avionetas encaja perfectamente en una lógica de escalada gradual del conflicto. La reactivación de acusaciones judiciales contra Raúl Castro forma parte de una operación política y mediática orientada a presentar a Cuba como una amenaza y a legitimar nuevas medidas de presión y excepcionalidad.
Sin embargo, la historia real de aquel episodio es mucho más compleja que la versión simplificada y unilateral promovida durante décadas desde Washington. En los meses previos al 24 de febrero de 1996, Cuba denunció repetidamente las incursiones aéreas de Hermanos al Rescate ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés).
Las avionetas habían realizado 25 sobrevuelos en La Habana para lanzar propaganda política y violar con descaro las restricciones aéreas impuestas por las autoridades cubanas, que advirtieron muchas veces que no continuarían tolerando esas acciones. Desde Miami, José Basulto y otros cabecillas del grupo anunciaban públicamente nuevas incursiones y se jactaban de la incapacidad cubana para impedirlas.
Un correo interno de la FAA, enviado el 22 de enero de 1996 por la funcionaria Cecilia Capestany a sus superiores dentro de la agencia y hoy desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington, advertía explícitamente: “Uno de estos días los cubanos derribarán uno de esos aviones”. El mensaje evidenciaba que las autoridades estadunidenses conocían el riesgo creciente derivado de las provocaciones aéreas de Hermanos al Rescate mucho antes del derribo de las avionetas.
The New Yorker, en enero de 1998, desmontó buena parte de la narrativa posterior, que presentó a Cuba como culpable del hecho. El texto reveló que altos funcionarios estadunidenses conocían perfectamente el riesgo de una confrontación, que existieron advertencias explícitas desde La Habana y que incluso interlocutores estadunidenses transmitieron señales ambiguas sobre un posible freno a los vuelos de Hermanos al Rescate. Llegaron a preguntarse incluso qué habría hecho el gobierno de Bill Clinton si aviones procedentes de Cuba se hubieran dedicado, no una sino muchas veces, a violar el cielo de Washington.
Dentro del propio aparato estadunidense existía conciencia de que Basulto –mercenario de Playa Girón y participante histórico en operaciones paramilitares contra Cuba– actuaba de manera crecientemente provocadora y fuera de control. Funcionarios, diplomáticos y antiguos militares advirtieron que un incidente grave era prácticamente inevitable si los vuelos continuaban. Cualquiera, a la velocidad de un clic, puede encontrar las evidencias.
Sin embargo, tras el derribo de las avionetas, el episodio fue rápidamente convertido en un instrumento político interno. Bill Clinton terminó firmando la Ley Helms-Burton, congeló cualquier intento de distensión con Cuba y codificó el bloqueo en la legislación estadunidense para impedir que futuros presidentes pudieran desmontarlo o flexibilizarlo mediante decisiones ejecutivas.
A la par, la investigación de la OACI quedó rodeada de fuertes controversias. Cuba entregó rápidamente registros, radares, testimonios y acceso a instalaciones militares y civiles. Estados Unidos retrasó información clave, negó imágenes satelitales y presentó registros incompletos o contradictorios.
Buena parte de la narrativa pública terminó descansando en testimonios indirectos y observaciones imposibles de verificar plenamente. Treinta años después, el expediente reaparece en medio de un renovado clima de odio político en Miami, sin disimular el verdadero objetivo de la operación: construir retrospectivamente una figura culpable que permita enlazar el episodio de 1996 con la narrativa actual de “Cuba como amenaza estratégica”.
Lo que comenzó como una escalada mediática avanza hacia en el peor fracaso de la justicia: legitimar la agresión militar contra Cuba.
