San Luis Potosí ha sido testigo en días recientes de actitudes descaradas y cínicas por parte de su clase política. Por un lado, continúa la resistencia de los habitantes del Municipio de Santo Domingo, en contra del atrevimiento descarado por parte del empresario José Cerrillo Chowell que insiste en construir un tiradero de residuos tóxicos en el Rancho Palula. Acción en potencia criminal pues los habitantes del municipio y sus comunidades temen, y con justa razón, que tal tiradero contamine los mantos de agua y mate la vida animal, productiva y humana de sus habitantes.
En el fondo, este asunto es de suma preocupación y de mucha importancia como para ignorarlo en SLP. Pues revela una alarmante tendencia en la endeble acción pública del Gobierno del Estado, que es de reacción torpe y desarticulada, y sobre todo revela patrones de prácticas neo patrimoniales en la clase política local. De las cuales sujetos poderosos como Chowell aprovechan a su favor para sus negocios inmorales y a costa de la salud y vidas de los pobladores de Santo Domingo, estos en plena desventaja de recursos contra su antagonista empresario.
Para explicar mejor: el neo patrimonialismo es una forma desviada de la práctica política contemporánea en la cual la clase política de una comunidad se cree dueña de los recursos públicos y coercitivos del Estado. Y en razón de esto abusa de su poder de decisión política y evade a toda costa la rendición mínima de cuentas aprovechándose de una ciudadanía marginada, desprotegida por el Estado y por lo común muy ignorante de los asuntos públicos. Esto con el objeto de usar el poder público a su favor y para intereses corruptos y personales.
Lo anterior descrito puede entenderse como un resultado torcido o disfuncional de procesos de transición democrática que llevan a un régimen de democracia iliberal, donde si bien existe competencia política entre partidos y sus políticos en elecciones periódicas, se vulneran a la vez muchos derechos ciudadanos y se ejercen actitudes autoritarias contra estos, empero, evidenciando una estructura de Estado endeble y de muy baja capacidad para hacer a la clase política y a los grupos de interés poderosos rendir cuentas y no abusar de su poder sea público o privado.
En resumen, si las prácticas políticas eran de corte patrimonial en la época en que la casta de políticos del PRI hegemónico estaba el gobierno (1946-2000) y en consecuencia tenía el poder en sus manos para hacer negocios personales y acosta de muchos. En la transición democrática nacional y local tales prácticas las hicieron propias el resto de los políticos de oposición en competencia. Nadie se salva, tanto políticos en la izquierda como la derecha incurrieron en prácticas reeditadas de neo-patrimonialismo, en estos tiempos de elecciones competitivas pero de nula construcción institucional de Estado y acelerado deterioro de la percepción democrática.
Ahora bien, estas tendencias disfuncionales e irresponsables son consecuencia de lo anterior y lo podemos observar en la clase política local. Desde el nivel de gobierno municipal y sus políticos regionales, hasta los legisladores locales y las tibias respuestas del Ejecutivo local.
En el caso alarmante de Santo Domingo, las autoridades municipales del PRI y el PVEM fueron cómplices, por decirlo menos, al permitir esta agresión contra sus habitantes. Cosa un tanto lógica en el las asimetrías de poder político pero nunca justificable en el utilitarismo moral. Pues Chowell y su poder monetario podría de facto comprar al Municipio. Y aunque se vea terrible y se sienta aún más escribirlo, las acciones de este potentado solo demuestran que sus capacidades de influencia política pueden más que un muy endeble gobierno municipal, y un gobierno estatal blando y timorato con el que se puede negociar a las anchas.
En razón de esto, los habitantes de Santo Domingo tienen todo su derecho a resistir hasta la última instancia institucional y si no, incluso internacional en defensa de sus derechos humanos y por un medio ambiente sano. Ya el día viernes 8 de abril hubo una marcha muy significativa donde ciudadanos indignados se sumaron en contra de este atentado empresarial y fueron recibidos por el Gobierno Estatal.
Lo que se percibe en la clase política local es una consecuencia lógica del deterioro de las capacidades estatales para proveer seguridad y oportunidades de desarrollo para la mayoría de los potosinos. Se nota entonces como los actores políticos adoptan actitudes indolentes ante los ciudadanos. Así es que nos indignamos cuando un colérico y caciquil Oscar Bautista lanza amenazas sutiles y entre líneas a los medios que exhibieron a su hijo imberbe quemando un billete de 500 pesos para encender un cigarro cual vástago inescrupuloso de jeque árabe. Justificando que tal evidencia era falsa y de golpeteo político.
Nos indignamos al ver como los diputados facturan, condones (¿para sus fiestas romanas?), tonterías que no tienen que ver con su labor legislativa y hasta calzones. Y Beatriz la oficial mayor es feliz viviendo del erario sin meterse en problemas.
Nos indignamos al ver como el alcalde Gallardo no entiende que gobernar en democracia implica el rendir cuentas y no soltar evasivas esperando que se olvide el borlote. Lo cual revela su actitud neo patrimonial, y autoritaria también al no tolerar a la prensa que en democracia importa porque tiene la función de hacer rendir cuentas desde su espacio de comunicación social. Y aunque Ricardo tenga razón sobre el que algunos medios también hacen política (sucia) y negocios, y en consecuencia ataquen o defiendan a algunos actores políticos si no reciben su tajada de dinero público. Una vez más, nada justifica el que un gobierno sea poco transparente, a pesar de si hace más o menos labor social-popular, y no rinda cuentas en pleno siglo XXI y con las tecnologías a su alcance para hacerlo. Gallardo está tirando a la basura (asunto estancado y de gestión torpe) la posibilidad de emprender políticas municipales de democratización participativa. Al contrario, sus actitudes de poca negociación y lerda diplomacia política reflejan su lado autoritario que si continúa así minará el fuerte bono de legitimidad electoral con la que llegó al Palacio Municipal y deteriorará alcanzar el objetivo de fortalecer su liderazgo político local.
En resumen: con un Estado de estructuras y capacidades institucionales endebles, más, una clase política de actitudes neo patrimoniales y una ciudadanía desencantada por sus gobiernos y la democracia, el panorama futuro para San Luis Potosí solo puede verse más complicado e insoportable. Esperemos que eso al menos nos saque a las calles tarde o temprano para exigir cambios o cabezas políticas, como a inicios de los noventa, cuando SLP vivió su lucha democratizadora ejemplar a nivel nacional.
