María Elena Yrízar
Algunas veces decimos la palabra corrupción, pero ¿qué significa? La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto, en este caso se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político; se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público, para conseguir una ventaja económica e ilegítima, acto que se comete de manera secreta y privada.
Las formas de corrupción son muy variadas, algunas de ellas son: el soborno, que es el más común de los delitos contra la administración pública, y que va desde la entrega de una módica suma a un oficial de seguridad o vialidad, para evitar una multa. El otro aspecto es el tráfico de influencias, éste consiste en que cuando un funcionario público utiliza sus influencias para conseguir a favor de alguien allegado (un familiar, alguna amiguita, parientes, compromisos políticos, entre otros), una actividad que involucre una posición o un trabajo de beneficio. Las causas que originan este tipo de actos de corrupción pueden ser falta la conciencia social, carencia de educación o de una cultura de compromiso, y como elementos externos de la corrupción son la impunidad, salarios bajos, concentración de poderes, corporativismo partidista o simplemente la falta de vergüenza de los políticos y las mafias del poder.
En el aspecto social, la percepción que tienen las personas sobre las instituciones del gobierno es que son corruptas, lo que también alcanza a los partidos políticos, aunque existan dependencias que los alcahuetean, de lo cual sobran muestras en nuestro estado con los gobiernos municipales capitalinos de Mario García Valdez y Victoria Labastida, más sus compinches, a los cuales no se les ha hecho gran cosa para aplicar la ley. Ni se les hará, como dijera son Teofilito.
Anteayer, en las instalaciones de El Colegio San Luis, en una conferencia que dio en la capital potosina Mariclaire Acosta Urquidi, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, concurrieron a escucharla diversas personas que previamente habían sido invitadas algunas de ellas, que forman parte de organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, empresarios y además interesados en la temática. Acosta Urquidi explico la experiencia que se vivió previamente para lograr la integración de ese Comité Ciudadano Anticorrupción, primeramente se hizo el proceso de construcción, integrado por un comité de selección de expertos, donde intervino el Senado. Explicó que el Comité de Participación Ciudadana es el que conduce al sistema de anticorrupción, que está coordinado por una Secretaría Ejecutiva.
El sistema parte de la premisa de que la corrupción es un hecho sistemático en donde funcionan redes en general en el gobierno y sus instituciones y los ciudadanos pueden participar en estos comités de participación ciudadana, con el objetivo de controlar la corrupción. La Secretaría Técnica tendría información de todas las instituciones mediante las cuales pueda detectar actos de corrupción, ya que se tendría acceso a la información de las dependencias públicas como de la Contraloría, acceso al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como accediendo al instituto de la información pública y poder cruzar esa información para detectar actos de corrupción de los funcionarios públicos. Así lo explicó Acosta Urquidi.
Propuso que ese modelo sea secundado por los estados en todo el país. En su plática, hizo referencia a cómo otros países de América Latina iniciaron este combate a la corrupción mucho antes que lo que se ha hecho en México. Dijo que efectivamente se nos han adelantado en el combate a la corrupción y en castigar a presidentes corruptos, tal como ya sucede en Costa Rica, Perú y Guatemala. Señaló lo importante que es la participación ciudadana para el combate a la corrupción y para evitar que los políticos sigan secuestrando las instituciones para luego usarlas en su beneficio.
La pregunta aquí sería, ¿cómo hacerle para que en San Luis Potosí se exhorte a diversas personas con prestigio moral suficiente para integrarse al Comité Ciudadano Anticorrupción? Quiénes están dispuestos a hacer contrapeso al gobierno y el Congreso Estatal, como es ahora el caso de la Ley Anticorrupción ¿Quién les pone un hasta aquí? La idea es buena, indiscutiblemente. Puede ser que en este momento las organizaciones sociales, los líderes naturales de todos los rincones estatales puedan unirse y hacer un llamado solidario y responsable para que se integren a ese comité ciudadano y sus voces sean escuchadas. Pero ¿quiénes le entran? ¡Aprovechen esta gran oportunidad!
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